El gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha intensificado significativamente la presión sobre el Estado mexicano durante la última semana, implementando una serie de medidas que vinculan el apoyo financiero y la cooperación bilateral a resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. Esta escalada de tensión se ha manifestado a través de la publicación de nuevas estrategias nacionales, advertencias de intervención y una revisión exhaustiva de la representación diplomática de México en territorio estadounidense.
El punto de partida de esta ofensiva fue la publicación de la Estrategia Nacional Antidrogas 2026 por parte de la Casa Blanca. En este documento, el gobierno estadounidense condiciona la ayuda económica y técnica brindada a México a la obtención de resultados tangibles. Específicamente, la estrategia exige la adopción de medidas apropiadas para el arresto, procesamiento y extradición de los líderes de organizaciones clasificadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras, así como el desmantelamiento operativo de laboratorios de drogas sintéticas.
Para ejecutar estas metas, la Casa Blanca ha dispuesto que el Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia y el apoyo del Departamento de Guerra, lidere los esfuerzos diplomáticos y judiciales. El objetivo es garantizar una cooperación que sea robusta, sostenida y, sobre todo, medible por parte del gobierno mexicano para identificar y desarticular las organizaciones criminales transnacionales que operan en su territorio. Además de la lucha contra las drogas, la estrategia fija objetivos claros en materia de combate al tráfico de armas.
En este contexto, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y conocida como la zar antidrogas de Estados Unidos, destacó la importancia de la inteligencia compartida. En una entrevista para Fox News, Carter recordó la operación en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, tras enfrentarse al Ejército Mexicano. Carter señaló que este evento es un ejemplo de lo que sucede cuando México actúa de inmediato basándose en la inteligencia estadounidense, advirtiendo que se seguirán viendo acciones de este tipo.
Carter enfatizó que Donald Trump es un presidente con el cual nadie se atreverá a interferir y que su administración está enfocada en proteger el Hemisferio Occidental mediante conversaciones bilaterales y multilaterales con socios como Ecuador, El Salvador, Bolivia y México. La funcionaria aseguró que Estados Unidos no cederá y que los cárteles ya no operarán con impunidad, afirmando que el presidente está hiperconcentrado en este tema. La estrategia no se limitará a eliminar a los líderes, a quienes denominó como las cabezas de la serpiente, sino que buscará golpear sus fuentes de financiamiento para forzar su supervivencia.
De manera paralela, la Casa Blanca difundió su Estrategia Antiterrorismo, la cual apunta directamente a los traficantes de drogas y lanza una advertencia explícita hacia los gobiernos que resulten cómplices. Esta postura fue reforzada por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien anticipó que vendrán más acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Blanche mencionó que ya se han presentado cargos contra múltiples servidores públicos y un juez, citando el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El fiscal explicó que la detención en Estados Unidos de líderes de los cárteles, incluidos Joaquín y Ovidio Guzmán, Los Chapitos, podría generar cooperaciones que deriven en nuevas acusaciones judiciales.
En el plano diplomático, el Departamento de Estado ha iniciado una revisión de los 53 consulados de México en Estados Unidos. Según reportes de CBS News, esta medida, impulsada por la agenda EU Primero del presidente Trump, podría resultar en el cierre de algunas de estas oficinas. Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, señaló que el gobierno revisa constantemente las relaciones exteriores para asegurar que promuevan los intereses estadounidenses. Cabe destacar que México posee la mayor cantidad de consulados en Estados Unidos, fundamentales para la asistencia jurídica y documental de millones de ciudadanos en estados como California, Texas y Arizona.
Ante estas presiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó categóricamente que los consulados mexicanos realicen actividades políticas en Estados Unidos. Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria defendió que la función de estas oficinas es estrictamente la protección y asistencia de los ciudadanos mexicanos, calificando como falsa la idea de que intervengan en la política estadounidense.
Finalmente, el presidente Donald Trump reiteró su postura al afirmar que los cárteles del narcotráfico son quienes realmente gobiernan México. A pesar de presumir que su administración ha logrado reducir el tráfico de drogas por vía marítima en un 97 %, Trump insistió en que los estupefacientes continúan ingresando por tierra a través de la frontera con México, advirtiendo que si el país vecino no cumple con su trabajo de combate al crimen, Washington tomará las medidas necesarias.
