Roxana Ramos, una madre que ha dedicado más de un año a luchar por la memoria de su hijo Rick, se encuentra ahora en el centro de un nuevo conflicto legal. En lugar de obtener las respuestas que busca sobre la muerte del adolescente, Ramos enfrenta una demanda interpuesta por un funcionario del sector educativo que solicita una indemnización de 100.000 dólares y una pena de prisión de 30 días. El proceso se origina tras una serie de tensiones relacionadas con la búsqueda de justicia por un presunto caso de acoso escolar.
La tragedia que marca el inicio de esta historia ocurrió el pasado 1 de febrero de 2025. Rick, un adolescente residente de la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil, fue hallado sin vida en el dormitorio de su hogar. Según las denuncias presentadas por su madre, el joven decidió quitarse la vida como consecuencia de haber sido víctima de bullying homofóbico. Roxana Ramos ha sostenido públicamente que su hijo le confesó el hostigamiento que presuntamente recibía por parte de una docente. Aunque el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, la madre lamenta que el proceso se encuentre actualmente archivado, dejando un vacío de justicia para su familia.
En el contexto de esta búsqueda, Ramos ha impulsado la campaña Justicia para Rick . Sin embargo, esta labor se ha visto interrumpida por una acción legal emprendida por Arturo Alexander Ordóñez Freire, quien se desempeña como jefe de Asesoría Jurídica del Distrito Educativo 09D05. El funcionario ha interpuesto una demanda basada en la presunta contravención penal tipificada en el artículo 396, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Dicha normativa sanciona a cualquier persona que, a través de cualquier medio, profiera expresiones que busquen el descrédito o la deshonra de otra persona.
Los hechos que detonaron la demanda ocurrieron el 24 de marzo. Según el relato de Roxana Ramos, ella acudió a las oficinas correspondientes para solicitar el acceso al expediente de su hijo, alegando que han existido múltiples irregularidades en el manejo del caso, incluyendo la pérdida de un dispositivo pendrive que contenía pruebas fundamentales. Ramos afirma que el abogado le negó el acceso al documento, indicándole que debía realizar la solicitud de manera formal, un procedimiento que la mujer considera incorrecto. Ante esta situación, Ramos grabó la interacción y posteriormente publicó el video en la red social TikTok.
La demandante, en su versión plasmada en el documento legal, describe una situación distinta. Ordóñez Freire sostiene que la ciudadana se comportó de manera malcriada y altanera , gritando frente a otros usuarios que tenía derecho a revisar el expediente sin necesidad de un escrito. Asimismo, la demanda señala que Ramos ingresó a una zona restringida sin autorización para grabar el video que luego fue difundido en redes sociales.
Ante la gravedad de las pretensiones económicas y penales, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura fue consultado sobre su postura. A través de un comunicado en redes sociales, la entidad aclaró que el proceso judicial es una acción de carácter estrictamente personal interpuesta por el abogado a título individual, asegurando que no cuenta con autorización ni representación institucional del ministerio.
Por su parte, Javier Velecela, experto en Derecho Penal y Constitucional, calificó las pretensiones del funcionario como desproporcionadas. Velecela señaló que solicitar 100.000 dólares y prisión contra una madre que atraviesa un proceso de duelo es una barbaridad jurídica . Según el experto, este tipo de acciones podrían interpretarse como un intento de silenciar el derecho de petición y la libertad de expresión. Velecela argumentó que cuestionar la gestión administrativa o el archivo de un sumario no constituye un ataque personal, sino una manifestación de descontento social frente a la administración de justicia institucional.
Mientras el proceso legal avanza, Roxana Ramos manifiesta sentirse amedrentada. "Soy una madre en duelo y lo único que pido es justicia para Rick, y ahora me quieren meter presa y cobrar 100.000 dólares. Esto es insólito, me quieren callar", expresó la mujer, quien mantiene la esperanza de que el caso de su hijo no quede en el olvido a pesar de las nuevas complicaciones legales.
