El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro ha emitido una respuesta formal frente a los cuestionamientos y las graves acusaciones presentadas por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. El jefe comunal había interpuesto un recurso ante la Contraloría General de la República, en el cual acusó que la exrectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, se mantiene en funciones y percibiendo sus remuneraciones a pesar de existir una resolución de destitución en su contra. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la gestión administrativa y la transición de mando en uno de los establecimientos más emblemáticos del país.
En su declaración pública, el organismo sostuvo que la decisión de mantener la continuidad administrativa, específicamente a través de la rectora subrogante Sandra Aravena, tiene como objetivo primordial garantizar que el servicio educativo no se vea interrumpido. El SLEP argumentó que, al momento de asumir la responsabilidad del colegio, la situación de Carolina Vega estaba vinculada a un sumario administrativo que aún se encontraba en curso, lo que condicionaba la ejecución inmediata de cualquier sanción definitiva.
Uno de los puntos más críticos de la controversia radica en el pago de remuneraciones. El SLEP Santiago Centro aclaró que la exdirectora ha seguido percibiendo su sueldo desde octubre del año pasado. Según la entidad, este pago responde a que el proceso disciplinario no ha concluido legalmente en todas sus etapas obligatorias. Para que una sanción administrativa, como es el caso de la destitución, produzca efectos reales y legales, es imperativo que se cumpla con la notificación de la resolución final. El organismo fue enfático al señalar que los procedimientos disciplinarios deben encontrarse totalmente concluidos para que las sanciones administrativas produzcan efectos, requisito que, según su análisis técnico, aún no se ha cumplido estrictamente en este caso.
Sobre la responsabilidad financiera, el Servicio Local indicó que, mientras el proceso no esté legalmente terminado, corresponde mantener las condiciones contractuales vigentes de la funcionaria, lo que incluye el pago de su remuneración mensual. En este sentido, el SLEP precisó un dato relevante sobre la cronología de los pagos: la Municipalidad de Santiago ya había efectuado el pago de los sueldos de la exrectora hasta el mes de diciembre, periodo previo al traspaso formal al nuevo sostenedor.
El traspaso del establecimiento, ocurrido en enero de 2026 según la información entregada por el organismo, ha revelado complicaciones administrativas profundas que el nuevo sostenedor ha debido enfrentar. El SLEP reveló que, al asumir la administración del Instituto Nacional, recibió una carga considerable de expedientes pendientes: cerca de 400 sumarios administrativos. Lo más preocupante, según el organismo, es que algunos de estos procesos fueron iniciados desde el año 2018 y fueron entregados sin información detallada sobre su estado de tramitación actual. Esta carencia de datos precisos ha obligado al equipo del SLEP a iniciar un exhaustivo proceso de revisión y regularización interna para determinar la situación real de cada uno de los casos heredados.
En cuanto a la gobernanza del liceo, el organismo explicó que la permanencia de una jefatura subrogante no representa una medida permanente, sino una solución transitoria y necesaria. La intención es asegurar el funcionamiento normal del Instituto Nacional mientras se resuelve el proceso administrativo de la exrectora y, simultáneamente, se organiza la convocatoria a un concurso público a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Este mecanismo permitirá proveer el cargo de rector de manera definitiva, asegurando la idoneidad del perfil seleccionado.
Finalmente, el SLEP Santiago Centro reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad de sus actos. El organismo reiteró su total disposición para colaborar con la Contraloría General de la República y cualquier otro organismo competente que lo solicite, asegurando que entregará todos los antecedentes y documentos requeridos para esclarecer los hechos y resolver la situación contractual y administrativa de la exdirectora.
