Irán ejecutó este lunes a tres manifestantes detenidos durante las protestas de enero pasado en la ciudad nororiental de Mashad, acusados de colaborar con Israel y Estados Unidos, y de liderar disturbios que derivaron en la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad. La agencia Mizan, del Poder Judicial iraní, anunció que Ebrahim Dolatabadi, Mehdi Rasouli y Mohammadreza Miri fueron ahorcados tras la ratificación de sus sentencias por el Tribunal Supremo y el cumplimiento de los procedimientos legales.
Según la versión oficial, Rasouli y Miri fueron considerados elementos del Mosad durante las protestas antigubernamentales de enero y fueron acusados de participar directamente en la muerte de Hamidreza Yusefinejad, miembro de las fuerzas de seguridad. La judicatura afirmó que ambos participaron en actos violentos, destrucción de bienes públicos y privados, saqueos, uso de cócteles molotov y armas blancas, además de fabricar y portar una espada artesanal.
Las autoridades detallaron que Rasouli golpeó con esa espada a Yusefinejad cuando el agente se encontraba en el suelo y que posteriormente posó con el arma ensangrentada, grabó imágenes de sí mismo y continuó participando en los disturbios . Por su parte, Dolatabadi fue presentado como uno de los principales líderes de los disturbios en la zona de Tabarsi, en Mashad, donde supuestamente dirigió a un grupo de 300 manifestantes armados con machetes para atacar la Gobernación y la sede provincial de la televisión estatal.
El tribunal rechazó la defensa de los acusados, quienes alegaron haber participado en las protestas bajo el impulso del momento, y consideró probado que actuaban en coordinación con Estados Unidos e Israel para atentar contra la seguridad nacional. Esta justificación oficial ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian la falta de transparencia y las garantías procesales en los juicios relacionados con las protestas.
Con estas tres ejecuciones, Irán ya ha ahorcado a 12 personas condenadas por participar en las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión. El recuento oficial de muertos asciende a 3.117, aunque organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.
La represión de las protestas de enero ha generado una fuerte condena internacional, con llamamientos a la liberación de los detenidos y a la investigación de las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el gobierno iraní ha defendido su actuación, argumentando que las protestas fueron instigadas por potencias extranjeras y que las medidas adoptadas fueron necesarias para mantener el orden público.
Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo. En 2023, se ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, la cifra más elevada desde 1989, según el informe anual de las ONG Iran Human Rights (IHRNGO) y Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM). Estas cifras ponen de manifiesto la severidad del sistema judicial iraní y la falta de respeto por los derechos humanos, especialmente en casos relacionados con la disidencia política y las protestas sociales.
Las ejecuciones de estos tres manifestantes se producen en un contexto de creciente tensión regional y de intensas negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La comunidad internacional teme que la represión interna y la política exterior agresiva de Irán puedan desestabilizar la región y poner en peligro la seguridad global.
La agencia EFE, fuente original de esta información, ha seguido de cerca la evolución de las protestas en Irán y ha documentado las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. La agencia ha denunciado la falta de acceso a la información y las restricciones impuestas a los periodistas independientes, lo que dificulta la verificación de los hechos y la rendición de cuentas de los responsables.
La ejecución de estos tres manifestantes representa un nuevo golpe para la esperanza de un cambio democrático en Irán y un recordatorio de la brutalidad del régimen teocrático. La comunidad internacional debe seguir presionando al gobierno iraní para que respete los derechos humanos, libere a los presos políticos y permita la celebración de elecciones libres y justas. La impunidad de los responsables de las violaciones de derechos humanos debe terminar, y los perpetradores deben ser llevados ante la justicia. La situación en Irán exige una respuesta firme y coordinada por parte de la comunidad internacional para proteger a la población civil y promover la democracia y el estado de derecho.
