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Gendarme Argentino, Víctima Reconocida en Investigación por Crímenes en Venezuela

Gendarme Argentino, Víctima Reconocida en Investigación por Crímenes en Venezuela

El cabo primero de Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, quien permaneció detenido 448 días en Venezuela, ha sido oficialmente reconocido como víctima en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos. La decisión, tomada por el magistrado Sebastián Ramos, le permite a Gallo acceder al expediente, impulsar medidas de prueba e impugnar decisiones judiciales.

La causa, tramitada en los tribunales federales de Comodoro Py, se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite investigar delitos de lesa humanidad independientemente del lugar donde fueron cometidos. La inclusión de Gallo como querellante se produjo en paralelo a la unificación de la investigación sobre su desaparición forzada con la causa principal que analiza las denuncias contra el gobierno venezolano.

Durante su testimonio ante la Justicia argentina, Gallo describió detalladamente los abusos sufridos durante su cautiverio, que comenzó el 8 de diciembre de 2024 tras su arresto al ingresar a Venezuela desde Colombia para reunirse con su familia. Relató haber sido sometido a golpes, torturas psicológicas, aislamiento prolongado y descargas eléctricas ( picanazos ), además de falsas promesas de liberación. La verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido , declaró Gallo tras una audiencia virtual de más de tres horas.

El gendarme también afirmó haber convivido en la cárcel de El Rodeo I con detenidos de diversas nacionalidades, muchos de los cuales, según su testimonio, aún permanecen presos en condiciones similares a las que él experimentó. Sigo sintiéndome encerrado hasta que todos estén libres , expresó Gallo, mostrando su solidaridad con los demás detenidos.

La querella de Gallo se suma a la ya existente presentada por la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (Fader) y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que representan a un grupo de ciudadanos venezolanos radicados en Argentina. Estas organizaciones denunciaron en enero de 2023 a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Fader y FADD, representados por el abogado Tomás Farini Duggan, habían solicitado el testimonio de Gallo argumentando que su experiencia se ajusta directamente al patrón de conducta atribuido al Estado venezolano, que incluye la privación ilegal de libertad, sometimiento a torturas, amenazas y traslados frecuentes con el objetivo de quebrantar la voluntad de los detenidos, todo ello sin un proceso legal formal, asesoría jurídica ni asistencia consular.

A instancias de esta querella, el juez Ramos solicitó el 3 de enero la extradición de Nicolás Maduro para que brinde indagatoria en Argentina por los cargos que se le imputan. Esta decisión fue respaldada por la Cámara Federal porteña.

La aceptación de Gallo como querellante representa un avance significativo en la investigación, ya que le otorga la capacidad de participar activamente en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos en Venezuela. Su testimonio, detallado y contundente, refuerza las acusaciones contra el régimen de Maduro y contribuye a la construcción de un caso sólido ante la justicia argentina.

El Gobierno argentino, según fuentes consultadas, mantiene abiertas las vías de negociación para la liberación de Nahuel Gallo, aunque la situación sigue siendo compleja. La inclusión de Gallo como víctima en la causa podría ser utilizada como un elemento de presión en futuras negociaciones con el gobierno venezolano.

La investigación continúa avanzando, y se espera que en los próximos meses se produzcan nuevos testimonios y se presenten pruebas adicionales que permitan esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos en Venezuela y llevar a los responsables ante la justicia. La causa, que se tramita bajo el principio de jurisdicción universal, tiene un alcance internacional y podría sentar un precedente importante en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

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