El año lectivo 2025-2026 en el régimen Costa-Galápagos de planteles fiscales ecuatorianos comenzó este lunes 4 de mayo para más de 1,8 millones de estudiantes, con un despliegue de recursos que abarcan desde la entrega de textos escolares gratuitos hasta un reforzado plan de seguridad y la implementación de nuevas regulaciones disciplinarias. El retorno a clases se realiza de manera escalonada, comenzando con bachillerato y educación inicial, seguido por educación general básica superior y preparatoria el 5 de mayo, y culminando con educación general básica media y elemental el 6 de mayo. Planteles particulares ya habían retomado las clases de forma paulatina en semanas anteriores.
La ministra de Educación, Gilda Alcívar, encabezó el inicio del año escolar en Guayaquil, visitando el colegio fiscal Rita Lecumberri y otros espacios educativos. Previamente, el viceministro de Gestión Educativa, Juan Carlos Rodríguez, informó sobre la entrega de materiales de estudio esenciales para los estudiantes, incluyendo textos de lenguaje, matemáticas y física para los diferentes niveles educativos.
La inversión en infraestructura educativa supera los $50 millones, destinados a la repotenciación y mejoramiento de las edificaciones escolares. Adicionalmente, se han asignado más de $1 millón para arreglos y adecuaciones en 124 instituciones en una primera fase y 144 en una segunda, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a la época lluviosa. Estas acciones se complementaron con mingas de entornos y espacios seguros, que involucraron a la comunidad educativa, docentes, directivos y personal del Ministerio de Educación.
El apoyo directo a estudiantes y familias se materializa en la entrega de textos escolares gratuitos a más de 1,6 millones de beneficiarios, uniformes escolares a más de 613.000 estudiantes, alimentación a más de 1,45 millones de alumnos y transporte escolar en zonas rurales para 9.761 estudiantes. La inversión total en estos rubros asciende a $143 millones.
La seguridad en los planteles educativos es una prioridad, y para ello, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional coordinan un plan operativo que desplegará 12.719 servidores policiales en los exteriores de las instituciones educativas. El objetivo es prevenir delitos y garantizar el resguardo de los estudiantes en el ingreso y salida de clases.
En cuanto a las regulaciones internas, el Ministerio de Educación mantiene vigente el Acuerdo Ministerial 2025-00015-A, que regula el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas. Se prohíbe el uso de celulares en Educación Inicial y Educación General Básica, mientras que en Bachillerato su uso es excepcional, limitado a fines académicos y bajo la autorización y supervisión del docente.
Sin embargo, la novedad más relevante en este ámbito es la expedición de un nuevo acuerdo de medidas socioeducativas y disciplinarias, que busca optimizar la gestión de conflictos y agilizar la respuesta ante faltas disciplinarias. Este acuerdo otorga a las autoridades educativas mayores facultades para actuar de forma inmediata, reduciendo los trámites y promoviendo la formación continua.
Se refuerza la atención especializada en casos de acoso escolar o violencia, derivando estos procesos con celeridad a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. El nuevo acuerdo delega a las máximas autoridades de los establecimientos educativos la resolución directa de las faltas disciplinarias previstas en la Codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con excepción de los casos de acoso escolar, violencia escolar, hostigamiento académico o situaciones que involucren al personal educativo o administrativo, cuya competencia recae exclusivamente en la Junta Distrital.
El acuerdo detalla una serie de faltas disciplinarias y las medidas educativas correspondientes, incluyendo el fraude académico (copiar, usar materiales no autorizados, plagio, realizar exámenes por terceros), la alteración de la paz y la convivencia (uso indebido del uniforme, abandono de actividades, solicitud de contribuciones sin autorización, consumo de alcohol, tabaco y drogas), el deterioro de las instalaciones (daños a materiales educativos, rayar paredes, extravío de bienes) y el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes (falta de respeto, obstrucción de actividades académicas).
Este catálogo de faltas es referencial y puede ser ampliado en los códigos de convivencia de cada institución educativa, adaptándose a las particularidades de cada contexto. La implementación de estas nuevas medidas busca crear un ambiente escolar más seguro, ordenado y propicio para el aprendizaje, garantizando el derecho a la educación de todos los estudiantes ecuatorianos. El Ministerio de Educación espera que este año lectivo sea un éxito, con resultados positivos en el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes.
