El Pleno del Consejo de la Judicatura se reunió este domingo 3 de mayo de 2026 en una sesión extraordinaria, aprovechando el feriado por el Día del Trabajador, para abordar expedientes disciplinarios que involucran a dos jueces ecuatorianos. La sesión, realizada de manera virtual, contó con la participación de los vocales de la Judicatura, con la excepción de Damián Larco, y marcó la primera jornada oficial de Mercedes Caicedo como presidenta del Consejo, quien agradeció la bienvenida de sus colegas.
El principal punto del orden del día fue el análisis y la resolución del expediente disciplinario contra Juan Pablo Pulgarín Barreto, juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en Guayaquil, provincia del Guayas. Tras una exhaustiva revisión del caso y la presentación del informe técnico correspondiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó la destitución del juez Pulgarín Barreto.
La decisión se basó en el informe del 16 de abril de 2026, el cual establecía la responsabilidad disciplinaria del juez Pulgarín Barreto en virtud del artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial. El caso en cuestión se remonta a un incidente de contravención de violencia intrafamiliar, donde los jueces de la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito habían concluido, el 27 de marzo de 2025, que se había cometido un error inexcusable .
La investigación reveló que el juez Pulgarín Barreto resolvió la causa cuando ya había prescrito, es decir, cuando el plazo legal para juzgar el caso había vencido. El expediente, que había ingresado al sistema el 13 de noviembre de 2020, permaneció sin que se declarara de oficio la prescripción de la acción, lo que generó un retardo injustificado en la administración de justicia. Este retraso, según el Consejo de la Judicatura, afectó el derecho a una justicia pronta y oportuna, especialmente considerando la naturaleza sensible del caso, que involucraba violencia intrafamiliar.
La demora en la resolución del caso fue considerada una falta grave, ya que impidió que la víctima obtuviera una respuesta judicial en un tiempo razonable. La destitución del juez Pulgarín Barreto busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de la eficiencia y la diligencia en la administración de justicia, especialmente en casos de violencia de género.
En la misma sesión, el Consejo de la Judicatura también abordó el expediente disciplinario contra Gina Fernanda Mora Dávalos, jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. En este caso, la sanción impuesta fue una multa equivalente al 5% de su remuneración mensual.
El proceso disciplinario contra la jueza Mora Dávalos se inició en relación con sus actuaciones en una causa penal de 2021, junto con los jueces José Alberto Ayora y María Paola Miranda. El informe de investigación determinó que los operadores de justicia incurrieron en un retardo injustificado al demorar la notificación de un auto de abandono. Esta demora fue verificada el 9 de abril de 2025.
El Pleno del Consejo de la Judicatura consideró que la infracción cometida por la jueza Mora Dávalos era de carácter leve, por lo que se ratificó la sanción económica. La demora en la notificación del auto de abandono, aunque no tan grave como la prescripción de la acción en el caso del juez Pulgarín Barreto, fue considerada una falta que afectó el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes involucradas en la causa penal.
La decisión de sancionar a la jueza Mora Dávalos y a los jueces Ayora y Miranda busca garantizar que los operadores de justicia cumplan con sus obligaciones legales de manera oportuna y eficiente, evitando retrasos innecesarios que puedan perjudicar a las partes involucradas en los procesos judiciales.
Estas acciones disciplinarias forman parte de un esfuerzo continuo del Consejo de la Judicatura para fortalecer la transparencia, la eficiencia y la integridad del sistema judicial ecuatoriano. La destitución del juez Pulgarín Barreto y la sanción a la jueza Mora Dávalos son ejemplos concretos de la determinación del Consejo de la Judicatura para hacer cumplir los estándares éticos y profesionales que se esperan de los operadores de justicia.
La presidenta Mercedes Caicedo, en su primera participación oficial en una sesión plenaria, reafirmó el compromiso del Consejo de la Judicatura con la defensa de la independencia judicial y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre los vocales y el personal técnico del Consejo para lograr una administración de justicia más eficiente y transparente.
El Consejo de la Judicatura continuará revisando otros expedientes disciplinarios en las próximas semanas, con el objetivo de asegurar que todos los operadores de justicia cumplan con sus responsabilidades legales y éticas. La transparencia en la administración de justicia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial ecuatoriano.
