Tras un torbellino de iniciativas legislativas y un estancamiento general, el oficialismo comienza a mostrar señales de flexibilidad, especialmente en el debate sobre el blindaje a la propiedad privada. Sin embargo, otras reformas clave, como la reforma electoral y la ley de discapacidad, permanecen paralizadas sin siquiera ser debatidas en comisiones. La iniciativa que más controversia genera actualmente es la posible eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), un programa impulsado durante la administración macrista y con amplio apoyo bipartidista en su momento.
La potencial eliminación del ReNaBaP se vislumbra como una concesión estratégica por parte del gobierno, a pesar de las críticas vertidas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lo calificó de fracaso rotundo. Durante su exposición ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, Sturzenegger argumentó que en diez años el programa solo logró resolver el 0,08% de los casos, lo que implicaría la necesidad de 12.500 años para completar el proceso. Además, criticó la idea de que un funcionario en Buenos Aires pudiera solucionar los problemas de regularización de tierras a nivel nacional, señalando que esto bloqueó cualquier posibilidad real de solución y sacó de la cancha a otros instrumentos. Detrás de esta crítica, según fuentes cercanas, se esconden importantes intereses económicos.
El gobierno propone ahora trasladar la responsabilidad de la regularización de barrios populares a las provincias y municipios, argumentando que son quienes mejor conocen la realidad local. Sin embargo, no se han especificado los fondos necesarios para llevar a cabo esta tarea, lo que genera preocupación entre los gobernadores y alcaldes. Esta postura contrasta con el enfoque adoptado en la ley de glaciares, donde se avaló el principio constitucional de que los recursos naturales pertenecen a los distritos, y sugiere una falta de compromiso real con la resolución del problema.
La oposición al desmantelamiento del ReNaBaP ha sido encabezada por el Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, quien recordó que el programa abarca a 6.467 villas o barrios populares, donde viven cinco millones de personas. Carrara también señaló los impuestos que se aplicaron a este sistema en el pasado, como el PAIS y el de grandes riquezas, y destacó el amplio consenso que existió en el Congreso para su creación. Hizo referencia al lema del Papa Francisco de tierra, techo y trabajo , enfatizando la importancia de garantizar el acceso a la vivienda digna para todos.
La discusión sobre la regularización de tierras también se extiende a la venta de tierras a extranjeros. Ante la falta de acuerdo sobre el porcentaje o número de tierras que se permitiría vender, el gobierno propone dejar la decisión en manos de cada gobernador, lo que podría generar una situación de descoordinación y favorecer los intereses de algunos mandatarios locales. Esta actitud refleja una tendencia observada en las gestiones macrista y mileísta, donde se defiende a ultranza los derechos de los distritos cuando se trata de obtener beneficios, pero se busca que la Nación asuma la responsabilidad cuando las cosas se complican.
Mientras tanto, las leyes electoral y de discapacidad permanecen en modo siesta , sin avances significativos en su tratamiento legislativo. La reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, sigue generando controversia y no cuenta con el apoyo necesario para ser aprobada. La ley de discapacidad, sancionada con dos tercios en el Congreso, tampoco ha sido implementada por el gobierno, a pesar de las insistencias de los legisladores.
En contraste, la ley de salud mental parece tener más posibilidades de ser aprobada, ya que la oposición ha solicitado la inclusión de más expositores en el debate. Los libertarios, por su parte, buscan acelerar el despacho de la ley de propiedad privada, y prevén una sesión especial para el 14 de mayo, aunque aún no se ha confirmado la fecha.
La situación actual refleja la dificultad del gobierno para construir consensos y avanzar con su agenda legislativa. La falta de fondos, la resistencia de la oposición y los intereses contrapuestos de los diferentes actores políticos complican aún más el panorama. El futuro de las leyes libertarias, y en particular del ReNaBaP, sigue siendo incierto, y dependerá de la capacidad del gobierno para negociar y ceder en algunos puntos clave. La desconfianza generalizada y el ajuste brutal implementado por el gobierno no hacen más que agravar la situación, generando un clima de hastío y descontento entre los votantes.
