El Gobierno de Javier Milei avanza en una reestructuración profunda del Poder Judicial que incluye una reducción significativa de los juzgados federales de Comodoro Py, pasando de 12 a 8, y la decisión de no cubrir las cuatro vacantes existentes. Esta medida, similar a la que se planea implementar en la Cámara Federal de Casación Penal, donde también hay cuatro cargos vacantes, no se limita a una optimización de recursos, sino que implica una modificación en la distribución del poder dentro de la justicia federal, según fuentes consultadas por LA NACION.
La justificación principal para esta reducción radica en la disminución del número de causas en trámite. Los juzgados federales de Comodoro Py son competentes en casos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales, narcotráfico, trata de personas, terrorismo y lavado de dinero. Sin embargo, las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia revelan una baja en el ingreso de expedientes: un promedio de 1602 causas anuales para toda la Cámara Federal, lo que se traduce en aproximadamente 800 por sala y 70 por mes por sala, considerando los períodos de vacaciones.
Esta disminución de expedientes, si bien incluye casos complejos y voluminosos, implica que cada juzgado actualmente maneja alrededor de un centenar de causas. A esto se suma la disparidad en la dotación de personal entre los diferentes juzgados, con algunos que cuentan con un equipo cuatro veces mayor que otros, según fuentes judiciales.
La reforma propuesta también responde a una reconfiguración del poder en la primera instancia de Comodoro Py, que tiene raíces históricas. Originalmente, existían seis juzgados federales, pero durante la presidencia de Carlos Menem se duplicó su número a 12, con el objetivo de diluir el poder de los jueces existentes. Menem nombró nuevos jueces y fiscales cercanos a su gobierno, ascendió a los jueces antiguos a camaristas y, según denuncias, seleccionó a algunos magistrados de manera poco transparente, como los denominados jueces de la servilleta , una referencia a una supuesta decisión del exministro Carlos Corach de elegir nombres en un bar.
La mayoría de los jueces designados en la década de 1990, conocidos como los 4x4 por sus camionetas, ya fueron removidos, renunciaron o se jubilaron. Actualmente, permanecen en sus cargos Claudio Bonadio (fallecido en 2020) y María Servini.
En la década de 2000, los servicios de inteligencia comenzaron a ejercer influencia sobre los jueces federales de primera instancia. Durante el gobierno kirchnerista, se establecieron canales de comunicación entre el espionaje y los magistrados, una situación que se mantuvo hasta la ruptura entre el jefe de contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso, y Cristina Kirchner.
Actualmente, los juzgados federales en funciones son encabezados por María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti. En los últimos años, se han producido vacantes debido a las jubilaciones de Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, el traslado de Sergio Torres a la Suprema Corte bonaerense y el fallecimiento de Claudio Bonadio.
A pesar de los concursos en curso en el Consejo de la Magistratura para cubrir estas vacantes, existe una intención en el Gobierno, el Consejo y el Congreso de mantener la situación actual. Se plantea modificar la ley de organización de la justicia federal para reducir el número de juzgados, una estrategia similar a la que se considera para la Cámara Federal de Casación Penal, donde los camaristas prefieren mantener el tribunal con nueve integrantes sin cubrir las vacantes existentes.
Esta decisión genera controversia, ya que concentraría el poder en manos de los jueces que ya están en funciones y relegaría a aquellos que podrían ingresar. Hay cargos que son los más importantes en términos institucionales en la justicia federal, que no se concursan porque ponen gente amiga: eso está mal, es una deficiencia muy grande , expresó una fuente judicial crítica con la gestión del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Los jueces federales de Comodoro Py se describen a sí mismos como singlistas , jugadores individuales que desarrollan su propio juego. En la política, se les conoce como jueces guiados por el darwinismo , donde cada uno lucha por sus objetivos, contratos, cargos y apadrina a candidatos, como en el caso de la esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza de San Martín.
Actualmente, los jueces federales en funciones actúan de manera casi aislada. Atrás quedaron los tiempos en que Ariel Lijo era el referente y su despacho se convertía en el centro de reuniones informales. Lijo, tras su fallido intento de acceder a la Corte Suprema, regresó a su juzgado y al que subroga, donde concentra la mayor cantidad de causas de corrupción que afectan al Gobierno de Javier Milei.
Aunque ya no es el vocero de los jueces federales, Lijo mantiene su influencia política y su conexión con sectores del caputismo en la interna del Gobierno, lo que lo posiciona en un lado u otro de la influencia de Karina Milei. Marcelo Martínez de Giorgi es el juez más cercano a Lijo, y sobre él pesa la influencia de Antonio Stiuso.
Sebastián Ramos y Capuchetti siguen su propio camino, al igual que María Servini, quien a sus 89 años continúa tomando decisiones en las causas que tramitan en su juzgado. Lijo es el juez federal más cercano a Servini y a Ramiro González, el fiscal federal en quien se confía.
Daniel Rafecas, por su parte, tiene previsto dejar su cargo para postularse a la Cámara Nacional de Casación Penal, donde concursó y obtuvo el primer puesto. Si el concurso avanza, su objetivo es concluir su carrera como camarista, con un ascenso y regresando a la justicia ordinaria.
Julián Ercolini también había manifestado interés en un ascenso, pero actualmente no tiene planes de abandonar su juzgado, según sus colaboradores. Solo presentó un recurso judicial para asegurarse de poder jubilarse con las mismas condiciones que regían antes de 2020, cuando se modificó la ley.
Hoy no hay jefes en Comodoro Py , afirma un magistrado que trabaja en el edificio, recordando que hace cinco años, Ramos, Rodríguez y Martínez de Giorgi formaban un grupo, mientras que Bonadío, Ercolini y Lijo conformaban otro, con Martín Irurzun y Ricardo Lorenzetti como figuras influyentes.
La situación actual ha cambiado, y el Gobierno está trabajando para reconfigurar también la Cámara Federal. El Consejo de la Magistratura votó las ternas para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados hace 10 años. Ahora, el plenario debe votar las ternas, y el Poder Ejecutivo debe enviar un candidato al Senado para su aprobación.
El Gobierno prefiere a Pablo Yadarola, juez en lo penal económico cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y al propio Bertuzzi, quien también concursó para su cargo. Sus pliegos podrían ser enviados al Senado después de las vacaciones de invierno.
La tercera vacante en la Cámara Federal se producirá el 18 de julio, cuando Martín Irurzun cumpla 75 años. El Poder Ejecutivo no ha enviado su pliego al Senado para extender su mandato por cinco años, por lo que no se prevé que su designación sea revalidada.
Así, el Gobierno de Milei cuenta con una tercera vacante en ese tribunal para reconfigurar el Poder Judicial.
