Los recientes decretos firmados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han generado una fuerte controversia política al evidenciar una falta de control político sobre las decisiones financieras del gobierno, justo cuando se promueve la protección de los grupos más vulnerables. La situación se agudizó el 24 de abril, coincidiendo con la polémica desatada por una circular de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugería la “descontinuación” de diversos programas sociales.
La posterior “aclaración” oficial, según fuentes, contradice la redacción original del oficio N° 16 de Hacienda, lo que provocó burlas por parte de la oposición, que ironizó sobre un cambio en el lenguaje de la política pública. El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, criticó la falta de comunicación previa del ministro Quiroz con los distintos ministerios, señalando que las evaluaciones podrían interpretarse como instrucciones para terminar con beneficios sociales o recortar programas.
Los decretos implican una reducción de $12.748 millones para el Servicio de Protección a la Niñez y $7.634 millones para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Personeros políticos califican la situación como un “suicidio comunicacional”, mientras que la Asociación Nacional de Funcionarios de la Educación (ANEF) denuncia un “ataque frontal” a la infancia, la discapacidad y los pueblos originarios.
Desde el gobierno, se reconoce una falla en la alerta temprana por parte del denominado “Segundo Piso”, encargado de anticipar posibles crisis políticas. Para evitar futuras controversias, se ha decidido que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, supervise cada medida antes de su divulgación pública, buscando un equilibrio entre los aspectos técnicos y políticos para evitar la indignación ciudadana.
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