Ronny Rodríguez y William Pittí, investigados por presuntas escuchas telefónicas ilegales durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), han presentado un recurso de nulidad contra la investigación del Ministerio Público, alegando violaciones al debido proceso. La acción legal se produce tras la suspensión del juicio programado para el 29 de abril.
El recurso argumenta que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada excedió el plazo legal de cuatro meses para completar la investigación, sin solicitar una prórroga al juez. Según la defensa, la investigación se inició el 29 de julio de 2014, y la Fiscalía presentó la solicitud de juicio el 13 de abril de 2015, superando el límite temporal establecido.
Además, se alega que la Fiscalía llevó a cabo diligencias investigativas sin la presencia de un abogado defensor, lo que constituye una violación del derecho a la defensa. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales deberá ahora dar traslado a la Fiscalía para que presente sus argumentos antes de tomar una decisión.
El juicio contra Rodríguez y Pittí, fijado para el 22 de mayo, involucra a varios querellantes que afirman haber sido afectados por las escuchas ilegales. La suspensión del juicio anterior se debió a que la juez Águeda Rentería admitió solo cinco de las 74 pruebas presentadas por el querellante Rosendo Rivera.
Rodríguez y Pittí permanecen detenidos preventivamente en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) desde su entrega a las autoridades el 26 de marzo, tras más de diez años como prófugos. También enfrentan cargos por peculado relacionados con la pérdida de los equipos utilizados para las interceptaciones, equipos que se encontraban en el Consejo de Seguridad Nacional. Las investigaciones sugieren que estos equipos fueron utilizados para espiar a aproximadamente 150 personas, incluyendo líderes sindicales, gremiales, políticos y empresarios opositores al gobierno de Martinelli.
El expresidente Martinelli ya fue juzgado por este caso, pero fue declarado no culpable. Actualmente, se encuentra asilado en Colombia tras ser condenado en el caso New Business por blanqueo de capitales.
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