La franja fronteriza entre Perú y Chile se ha convertido en el epicentro de una creciente tensión migratoria, exacerbada por el flujo masivo de ciudadanos venezolanos que buscan protección internacional. Más de medio millón de solicitudes de refugio han sido registradas en Perú, una cifra que redefine la escala del fenómeno migratorio en Sudamérica y que ahora impacta directamente en las políticas y estrategias de Chile. La migración venezolana ha trascendido la simple búsqueda de mejores oportunidades económicas, convirtiéndose en una cuestión central de protección y política pública, con implicaciones significativas para ambos países.
Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Perú ha recibido cerca de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales huyen de una situación de necesidad, buscando garantías de seguridad para sí mismos y sus familias. Laura Almirall, representante de ACNUR en Perú, enfatiza la diferencia crucial entre migrante y refugiado: La diferencia clave es que el refugiado huye por necesidad, mientras que el migrante decide moverse por distintas razones . Esta distinción es fundamental para comprender el tipo de protección y respuesta que requieren las personas desplazadas.
El impacto económico de la comunidad venezolana en Perú es considerable. Un informe conjunto de ACNUR y el Banco Mundial estima que aportan cerca de 530 millones de dólares anuales al PIB peruano, representando el 1,3% del Producto Interno Bruto. Christian Carrillo, representante de ACNUR, destaca el retorno fiscal generado por esta población: Por cada sol destinado a un refugiado, el retorno puede ser casi tres veces mayor en términos de ingresos fiscales . El estudio revela que más del 80% de los venezolanos en Perú se encuentra económicamente activo, con una tasa de informalidad similar a la de la población local, y que más del 30% posee estudios superiores y experiencia profesional.
La reciente asunción del presidente José Antonio Kast en Chile ha marcado un giro en la política migratoria, con la implementación de medidas más restrictivas. Kast ha supervisado el inicio de la construcción de barreras físicas a lo largo de casi 500 kilómetros de la frontera norte, declarando su intención de frenar la migración irregular . El plan chileno incluye también el despliegue de nuevas tecnologías de supervisión, como drones y cámaras térmicas, en las regiones fronterizas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, ha expresado el deseo de agilizar los procesos de expulsión hacia Venezuela.
Sin embargo, estas políticas pueden tener consecuencias inmediatas para Perú. Ramiro Escobar, internacionalista peruano, advierte que el endurecimiento de los controles no elimina el flujo migratorio, sino que puede redirigirlo, generando una acumulación de personas en la zona de la Concordia, la línea divisoria entre ambos países. Esta concentración de personas en zonas fronterizas suele estar acompañada de falta de servicios básicos y ausencia de mecanismos claros de atención. Escobar cuestiona la eficacia de las barreras físicas, señalando que la migración irregular ya había disminuido en Chile sin necesidad de estas intervenciones.
A fines de 2023, Chile registraba unas 337.000 personas extranjeras en situación migratoria irregular, de las cuales alrededor de 253.000 son venezolanas. La presión estatal ha llevado al gobierno chileno a impulsar la expulsión masiva de extranjeros en situación irregular, aunque la falta de relaciones diplomáticas plenas con Venezuela obstaculiza la ejecución de estas medidas. El presidente interino de Perú, José María Balcázar, ha subrayado la complejidad de la política migratoria regional, señalando la imposibilidad legal de realizar deportaciones sin un país receptor que acepte la expulsión. Perú intentó repatriar ciudadanos venezolanos, pero Venezuela no dio el pase , según Balcázar, quien plantea la necesidad de acuerdos diplomáticos y la creación de corredores humanitarios para canalizar los retornos voluntarios.
La falta de servicios consulares y de relaciones diplomáticas plenas entre Chile y Venezuela ha impedido la realización de vuelos directos de expulsión. El ministro chileno Claudio Alvarado ha confirmado que se iniciaron conversaciones para restablecer vínculos a nivel consular, con el objetivo de facilitar la regularización y la repatriación de personas con órdenes de salida. Mientras tanto, las expulsiones que sí se han concretado han tenido como destino países como Bolivia, Ecuador y Colombia, con más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes en Chile, la mitad correspondientes a ciudadanos venezolanos.
En respuesta a la nueva política chilena, Perú ha reforzado la presencia policial y militar en los principales pasos fronterizos, desplegando más de cien agentes a zonas estratégicas de Tacna, Palca, La Yarada-Los Palos y Tarata, en el marco de un estado de emergencia que restringe derechos constitucionales y permite la vigilancia permanente, el uso de drones y patrullajes motorizados. La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú ha implementado controles estrictos de verificación e identificación de extranjeros, con la posibilidad de rechazar el ingreso de quienes no cumplan con los requisitos legales, brindando atención diferenciada a las personas consideradas vulnerables.
El interés de los venezolanos en retornar a su país ha experimentado altibajos, con un aumento de la proporción de quienes consideran regresar, pasando del 10% a más del 30% en los últimos meses, debido a la percepción de mejoras en el contexto político y social de Venezuela. Sin embargo, estudios del Observatorio Venezolano de la Diáspora (ODV) y encuestas de ACNUR en seis países de la región muestran que solo una minoría concreta su regreso. Mary Montesinos, directora de la ONG Proyecto Tepuy, describe un escenario lleno de trabas, señalando que la imposibilidad de regularizarse muchas veces no depende de la voluntad de los migrantes, sino de la falta de documentos válidos y la ausencia de canales consulares.
El abogado venezolano Luis Manuel Marcano, asilado político en Chile, enfatiza que una gran parte de la migración venezolana huyó de una tiranía que destruyó instituciones, salarios y seguridad, fracturando su proyecto de vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que muchos venezolanos fueron forzados a migrar para preservar derechos básicos. Para quienes permanecen en situación irregular, la falta de documentos no solo impide la regularización, también bloquea la posibilidad de salir del país receptor.
Marcano considera que la presión estatal no resolverá el fenómeno de la migración irregular venezolana, argumentando que solo la recuperación de la democracia, el Estado de derecho y condiciones mínimas en Venezuela permitirá que millones de venezolanos puedan volver con seguridad y dignidad. Montesinos advierte que mantener a miles de personas en situación irregular puede derivar en mayor invisibilidad y en la formación de economías paralelas de subsistencia, recomendando avanzar en la regularización para que los aportes económicos de esta población sean plenamente aprovechados por los países de acogida.
La Línea de la Concordia emerge como símbolo y termómetro de una realidad que trasciende fronteras. Mientras Chile refuerza el control y Perú sostiene la recepción de un número récord de solicitudes de refugio, cientos de miles de historias quedan suspendidas entre dos países obligados a redefinir sus límites y responsabilidades ante el mayor éxodo latinoamericano de la actualidad. En ese trecho de desierto y alambradas, la cifra de más de medio millón de solicitudes no solo dibuja el alcance de la crisis, sino que anticipa el verdadero desafío: cómo responder a una movilidad humana que no reconoce barreras físicas ni soluciones inmediatas.
