El Salvador experimenta una paradoja: una notable mejora en la seguridad ciudadana que, según defensores de los derechos humanos, se logra a costa del deterioro de la democracia y el estado de derecho. Las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, como el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y las recientes reformas constitucionales que permiten la cadena perpetua desde los 12 años por delitos graves, gozan de amplio respaldo popular, aunque este podría ser condicional.
Abraham Ábrego, de la ONG Cristosal, exiliada desde 2025 tras la detención de una de sus activistas, Ruth López, señala que el apoyo ciudadano persiste hasta que no toca a alguien cercano . Ábrego recuerda que la demanda de medidas drásticas contra el crimen no es nueva, evocando planes anteriores como la mano dura y la super mano dura , que no lograron erradicar las pandillas.
Analistas como Juan Ramón Maldonado, de la Universidad Don Bosco, argumentan que la falta de educación cívica en El Salvador prioriza la seguridad inmediata sobre los principios democráticos. Los salvadoreños, tras años de violencia, valoran la posibilidad de vivir sin temor a la extorsión y la violencia, incluso si esto implica la suspensión de garantías constitucionales.
El gobierno asegura haber capturado a más de 91.000 personas bajo el régimen de excepción, aunque liberó a más de 7.000 al no encontrar vínculos con pandillas. Las autoridades afirman que El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros del hemisferio, una afirmación que contrasta con las críticas de Amnistía Internacional y Human Rights Watch por posibles violaciones a los derechos humanos.
La reciente aprobación de reformas que permiten la cadena perpetua a menores de edad también genera controversia, aunque cuenta con cierto apoyo popular. El presidente Bukele defiende sus políticas, comparando los juicios masivos contra presuntos pandilleros con los Juicios de Núremberg, y se mantiene firme en su enfoque, respaldado por su alta popularidad. Desde su llegada al poder en 2019, San Salvador ha experimentado una transformación notable, atrayendo de vuelta a emigrantes y permitiendo la reactivación económica.
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