La Comisión de Agricultura del Senado revisó el rol de la Comercializadora de Trigo (COTRISA), una empresa estatal poco conocida que actúa como reguladora de precios en la industria agroalimentaria. La sesión contó con la participación de Gonzalo Becerra, gerente general de COTRISA, y Camilo Guzmán, presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile, quienes respondieron a las preguntas de las senadoras Alejandra Sepúlveda y Loreto Carvajal, y del senador Ignacio Urrutia.
Becerra explicó que COTRISA fue creada en los años 80 para contribuir a la estabilidad de precios del trigo, comprando granos a productores y atenuando las distorsiones del mercado, donde pocos demandantes y oferentes pueden generar abusos. Además, señaló que las instalaciones de la empresa, ubicadas en Parral y Los Ángeles, se arriendan a privados cuando no son utilizadas por agricultores en el programa de compra del ministerio.
La senadora Sepúlveda consultó sobre los ingresos de la empresa, su rol social y la intervención en el precio del maíz en 2023, donde se compraron 18 mil toneladas. El senador Urrutia, por su parte, cuestionó la definición de COTRISA como empresa privada, señalando que en su región, la planta de Parral no permite a los productores entregar sus cosechas debido a la falta de contratos con Tucapel y Carozzi. La senadora Carvajal propuso oficiar al Ministerio de Agricultura y a CORFO para obtener más antecedentes sobre la competitividad en la venta de trigo y la posible intervención en otros productos.
En otro ámbito, la comisión abordó la crisis de fertilizantes, según denunció Guzmán, debido a la interrupción de suministros globales y el alza del precio de la urea en más del 70%. Chile importa el 85% de los fertilizantes y la totalidad de la urea, lo que afecta la siembra y amenaza la rentabilidad agrícola. Guzmán solicitó a la comisión interceder para reconocer la crisis alimentaria, impulsar la ley del grano, establecer reservas estratégicas de cereal y fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. La instancia acordó enviar la información a los ministerios del Interior y Agricultura.
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