El Congreso de los Diputados rechazó este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra el proyecto de reforma constitucional que busca blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa de devolución no logró la mayoría simple necesaria para prosperar, con 171 votos a favor de PP, Vox y UPN, frente a 177 votos en contra del resto de los grupos parlamentarios.
Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad, el texto continuará su tramitación parlamentaria, requiriendo una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado para su aprobación final. El Gobierno, a través de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, argumenta que esta reforma es necesaria para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio nacional, ante posibles retrocesos y la disparidad existente en el acceso a este derecho entre las diferentes comunidades autónomas. Actualmente, el 79% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros privados, mientras que solo el 20% se llevan a cabo en centros públicos.
El debate parlamentario representó el primer examen para el Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española, impulsado por el Gobierno. Tanto PP como Vox presentaron enmiendas a la totalidad solicitando la devolución del texto, argumentando que la reforma es innecesaria y constituye un "fraude constitucional".
El Partido Popular acusó al Ejecutivo de utilizar el procedimiento de reforma constitucional con fines "estrictamente de oportunidad política" y para obtener un "beneficio electoral". Los populares sostienen que el Gobierno podría haber optado por modificar el artículo 15 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, pero que esto habría implicado recurrir al procedimiento agravado del artículo 168, lo que conllevaría la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. En este sentido, el PP argumenta que la vía elegida es un "claro fraude de ley", en referencia al artículo 6.4 del Código Civil, al considerar que se busca evitar los requisitos más exigentes previstos para determinadas reformas constitucionales. Además, advirtió sobre "numerosas inconsistencias" en el texto y criticó lo que interpreta como una intromisión en la independencia de instituciones como el Tribunal Constitucional.
Vox coincidió con el PP en calificar la reforma como un "fraude de ley constitucional" y argumentó que "contraviene" el artículo 15 de la Constitución. La formación política afirmó que la iniciativa "encubre, bajo la apariencia de derechos a la salud sexual y reproductiva, un atentado contra la dignidad de la persona", y acusó al Gobierno de "amenazar los derechos sanitarios de los españoles".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró la continuación del trámite de la reforma y afirmó que "ganan las mujeres y gana España". A través de su perfil en la red social X, Sánchez valoró que el Congreso haya dado "un paso más" para poder acometer la reforma planteada por el Gobierno, destacando que la libertad de las mujeres "ni se cuestiona ni se negocia".
Durante la defensa de la reforma en el pleno del Congreso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, enfatizó que el objetivo del blindaje es garantizar plenamente un derecho ya reconocido. Redondo defendió que, para reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo, el camino no es la restricción, sino "más educación, más igualdad y más prevención". Subrayó que la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad no está en cuestión en España, pero sí lo está el "ejercicio real y efectivo" de este derecho.
"La libertad no está en duda, pero ¿de qué sirve si no podemos ejercerla en condiciones de seguridad, de igualdad y de plenitud en todo el territorio?", cuestionó Redondo, destacando las "diferencias territoriales muy sustantivas" que existen entre las comunidades autónomas. En Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra, el 75% de los abortos se practicaron en la sanidad pública, mientras que en 11 regiones y ciudades autónomas el porcentaje no llegó ni siquiera al 10%. Las cifras son "particularmente bajas" en Andalucía (0,2%) y Madrid (0,4%), donde, según Redondo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "directamente manda a las mujeres a abortar a otro lado".
Redondo enfatizó que no estamos en los años 40, 50 o 60 del siglo pasado, sino en una España democrática con un sistema público de salud que es "la joya de nuestra corona". Considera que ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así cuando simplemente quiere ejercer su derecho. El objetivo de la reforma es "terminar con esa desigualdad" y garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto, porque no puede haber "mujeres de primera y de segunda". Para ello, se propone reformar el artículo 43 de la Constitución, un proyecto que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado "por amplia mayoría" y que no observa "obstáculo jurídico". La reforma busca, en definitiva, asegurar que el derecho al aborto sea una realidad para todas las mujeres en España, independientemente de su lugar de residencia.
