El polémico Oficio Circular N 16, despachado por el Ministerio de Hacienda el 21 de abril de 2026, ha desatado una fuerte controversia en el ámbito político y social chileno. El documento, que instruye la formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y del Programa Financiero 2028-2031, ha sido interpretado como una señal de recorte a programas sociales fundamentales, generando críticas a la comprensión del Estado por parte del Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Según el análisis del cientista político Felipe Espinoza Arce, de la Universidad Alberto Hurtado, el oficio no fue una simple reflexión teórica sobre la eficiencia del Estado, sino una instrucción formal de formulación presupuestaria. El documento, amparado en los artículos 67 de la Constitución y los artículos 13 y 15 del decreto ley N 1.263, ordena a los ministerios elaborar una propuesta a cinco años, definir una línea base de gastos comprometidos legalmente, construir una propuesta complementaria y ajustarse a un límite máximo de gasto consistente con el presupuesto 2026 menos los ajustes fiscales ya aplicados.
La polémica se centra en el uso del término descontinuar en anexos programáticos, que según Espinoza Arce, no es un desliz semántico ni una torpeza burocrática, sino una comunicación explícita de qué programas no deben seguir presentándose como continuidad presupuestaria ordinaria. El Ministerio de Hacienda, al parecer, no calibró el efecto de lo que estaba enviando, transmitiendo la impresión de no comprender el peso institucional de su propia firma y la de los directores de servicio.
El oficio obliga a los ministerios a priorizar obligaciones legales y contractuales, pero simultáneamente marca programas emblemáticos como descontinuar , lo que genera una colisión entre la lógica del recorte y la lógica de la responsabilidad pública. El ejemplo más citado es el del programa de Servicio País , ejecutado por la Fundación para la Superación de la Pobreza, que aparece con recomendación de ajuste presupuestario sin comunicación previa ni evaluación negativa.
La situación se agudiza en el ámbito de la educación, donde el anexo del Ministerio de Educación identifica 15 programas como descontinuar , incluyendo el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el PACE, el Programa Nacional de Lectura, Reinserción Escolar y, de manera más preocupante, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB. El gasto ejecutado en 2025 para el PAE asciende a 1.061.028.664 miles de pesos de 2026, lo que representa la alimentación diaria de más de 2 millones de niños y niñas.
Espinoza Arce argumenta que este dato, por sí solo, hace insostenible cualquier intento de relativizar el asunto. El PAE no es un programa marginal, sino uno de los dispositivos más reconocibles del Estado social chileno, que durante décadas ha encarnado la idea de que la escuela no solo enseña, sino que también sostiene.
El debate trasciende la discusión técnica y se centra en la comprensión del Estado por parte del Ministro de Hacienda. ¿Qué clase de visión tiene un ministro que autoriza un documento donde la alimentación escolar aparece bajo la categoría de descontinuar mientras la discusión pública prioriza la educación, la primera infancia y la reinserción escolar? ¿Qué idea de administración pública hay detrás de una autoridad que parece leer el presupuesto como una cartera de productos, donde basta cerrar líneas deficitarias para que el sistema siga funcionando?
El autor advierte sobre el peligro de asumir que el Estado opera como una empresa, cuando su razón de ser comienza donde la racionalidad empresarial se vuelve insuficiente. Una empresa puede abandonar mercados para ser rentable, pero el Estado administra obligaciones, continuidades, derechos, inercias institucionales y, sobre todo, vidas concretas.
A pesar de los intentos de suavizar el término descontinuar , el documento, leído como un acto de formulación presupuestaria, produce un efecto real sobre cómo deben presentarse y justificarse los programas ante Hacienda. Las opiniones cruzadas entre el ministerio y otras figuras del gobierno sugieren una ligereza en la comprensión de las implicaciones de estos cambios, propia de alguien que no busca discernir, discutir o acercar puntos de vista, sino instalar una agenda económica específica.
La posición del Ministro Quiroz se vuelve delicada porque no se trata de una diferencia legítima sobre el tamaño deseable del Estado, sino de algo más básico: la necesidad de que quien conduce la billetera fiscal entienda cómo funciona el aparato público que está ordenando. Un ministro de Hacienda no necesita ser un experto en áreas específicas, pero sí necesita comprender que las palabras en un oficio pueden alterar decisiones institucionales, tensionar cadenas administrativas y enviar señales irresponsables a los servicios que conocen el terreno.
El contraste entre la percepción de los equipos sectoriales, que conocen el peso concreto de cada glosa y subasignación, y la mirada abstracta desde la cúspide política, explica la confusión actual. El presupuesto público es más que un Excel elegante, es la traducción financiera de prioridades, obligaciones y conflictos que afectan la vida diaria de millones de personas.
La polémica no se agota en la eventual continuidad del PAE, el PACE o la reinserción escolar bajo otro nombre. La pregunta fundamental es si alguien que, al parecer, no distingue entre una herramienta de ajuste y una amenaza institucional, puede conducir con solvencia el presupuesto del Estado. Un error conceptual puede costar utilidades en el sector privado, pero en el Estado puede costar confianza, credibilidad, continuidad y protección.
El problema de Jorge Quiroz no es solo ideológico, sino que su oficio reveló una comprensión precaria de algo que en Hacienda debería ser sagrado: que el Estado no administra clientes, administra deberes. No opera con consumidores, opera con ciudadanos, y no puede permitirse el lujo de descontinuar la realidad.
