Una multitudinaria caravana de motocicletas acompañó el último adiós a Tomás Orihuela, el joven de 19 años fallecido en una celda de la Comisaría Sexta de Córdoba capital. El velorio, marcado por una despedida tumbera , estuvo marcado por la presencia de cuatro familiares del joven, quienes fueron trasladados desde distintos penales bajo custodia policial, y por las dudas que rodean las circunstancias de su muerte.
La ley 24.660 de Ejecución Penitenciaria permitió el traslado extraordinario de dos hermanos y dos primos de Orihuela, provenientes de las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje, para participar del velorio. La autorización, basada en razones humanitarias y amparada en el artículo 166, que contempla salidas en casos de fallecimiento de familiares, fue decidida por una prosecretaria ante la urgencia del caso, y no por la jueza de Ejecución Rita Fonzalida. La normativa exige la intervención judicial en estos casos, permitiendo a la autoridad judicial rechazar la salida si existen motivos serios y fundamentados .
El abogado penalista Facundo Pérez Lloveras explicó que la orden de traslado debe ser emitida por el funcionario judicial que tiene la custodia del detenido , y que el Servicio Penitenciario se encarga de diseñar el operativo de seguridad, evaluando el riesgo que implique el traslado y definiendo el protocolo. La Justicia autoriza o improcede el traslado, mientras que el Servicio Penitenciario define la logística, considerando los antecedentes del detenido, los riesgos y el tipo de relación familiar con el fallecido.
La muerte de Orihuela ha reabierto el debate sobre las prácticas policiales y los controles en las detenciones. La familia del joven asegura que la orden de detención presentada por los efectivos estaba caducada, y cuestiona las circunstancias de su fallecimiento. Afirman que no pudieron verlo la noche de su muerte, a pesar de que su madre se presentó en la Comisaría Sexta para entregarle alimentos y abrigo.
Mariana, hermana de Tomás, declaró que le resultó extraño que su hermano se hubiera dormido en una celda, considerando que ya sabían que debía ser liberado. La familia sospecha que Orihuela fue golpeado en la dependencia policial, y señala que el joven presentaba un edema cerebral, además de complicaciones en un pulmón y un riñón , lesiones que, según ellos, no coinciden con la versión de suicidio.
El relato de los hechos indica que la noche del fallecimiento, un patrullero se dirigió al domicilio familiar solicitando su presencia urgente en el Hospital Córdoba, informando sobre un accidente sufrido por Tomás. Inicialmente, el informe médico indicaba muerte cerebral, aunque al día siguiente se detectó actividad cerebral en el Hospital Eva Perón. Finalmente, la muerte del joven se confirmó este lunes por la tarde.
La familia insiste en que la muerte de Tomás no fue accidental, sino producto de una acción violenta por parte de los agentes policiales. Este reclamo ha generado un fuerte malestar social, evidenciado en la masiva despedida del joven, con una caravana de motocicletas que recorrió las calles del barrio Pueyrredón.
El caso permanece abierto bajo la investigación de la Fiscalía de Instrucción N 8. La presión social para que se identifiquen responsabilidades y se esclarezcan las circunstancias exactas de la muerte de Tomás Orihuela continúa creciendo en la provincia de Córdoba. La comunidad exige respuestas y justicia por el joven fallecido, cuestionando las prácticas policiales y la falta de transparencia en el manejo del caso. La investigación deberá determinar si las lesiones encontradas en el cuerpo de Orihuela son compatibles con la versión oficial de un suicidio o si, por el contrario, confirman las sospechas de la familia sobre un posible abuso policial. La fiscalía deberá analizar los informes médicos, las declaraciones de testigos y las pruebas recolectadas en la Comisaría Sexta para llegar a una conclusión sobre lo sucedido. La muerte de Tomás Orihuela ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las fuerzas de seguridad, así como de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas.
