La Contraloría General de la República (CGR), con sede en la Región del Biobío, ha revelado una serie de irregularidades significativas en el ex Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Mulchén, abarcando desde la falta de control en la asistencia de funcionarios hasta el uso indebido de recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y posibles responsabilidades administrativas.
El Informe Final de Investigación Especial N 255, que cubre el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, ha puesto al descubierto la contratación de cuatro individuos que, de manera sistemática, presentaron inconsistencias en sus registros de asistencia, generando serias dudas sobre la legitimidad de sus labores y el destino de los fondos públicos.
Uno de los casos más llamativos involucra a un exfuncionario que se desempeñó como comunicador audiovisual entre octubre de 2019 y diciembre de 2024. La revisión exhaustiva de los registros de asistencia por parte de la CGR reveló que este individuo nunca registró su jornada laboral, ni se pudo acreditar de ninguna manera la realización de las tareas para las que fue contratado. La respuesta del DAEM fue aún más sorprendente: tres días después de su renuncia voluntaria, el exfuncionario entregó un libro de asistencia retroactivo, el cual nunca había estado en posesión del organismo municipal.
La Contraloría, al considerar que este libro de asistencia no constituía un método de control fiable para verificar la veracidad de los datos, solicitó información al Servicio de Impuestos Internos (SII) para determinar si el exfuncionario había percibido ingresos o honorarios de otras fuentes durante el período en cuestión. La investigación del SII reveló que el individuo mantenía contratos con al menos dos entidades privadas, una de ellas por una jornada laboral de 45 horas semanales.
Ante esta evidencia, la CGR determinó la imposibilidad física y material de que el exfuncionario pudiera cumplir con sus funciones en el DAEM de Mulchén, al mismo tiempo que desempeñaba un trabajo a tiempo completo en otra empresa. A pesar de ello, el DAEM le pagó íntegramente sus remuneraciones, que ascendieron a más de $33 millones, e incluso le otorgó un finiquito superior a $1,5 millones tras su renuncia.
Como consecuencia de estas irregularidades, la CGR ha instruido al municipio de Mulchén a tomar las medidas necesarias para recuperar las sumas pagadas indebidamente. Además, ha ordenado informar sobre el sumario que la entidad edilicia está llevando a cabo y ha remitido los antecedentes al Ministerio Público para su eventual investigación.
El informe de la Contraloría también aborda la situación de un exfuncionario del DAEM que simultáneamente ejerció como concejal de la comuna de Yumbel, sin que existiera una autorización administrativa que permitiera el uso de horas de su jornada laboral en Mulchén para desempeñar funciones propias de su cargo en otra comuna. Asimismo, no se acreditó la existencia de ningún mecanismo o procedimiento para compensar las horas no trabajadas, lo que sugiere una posible incompatibilidad de funciones y un uso indebido de recursos públicos.
Otro caso detectado por la CGR se refiere a un funcionario del DAEM que se desempeñaba como monitor de talleres en el Liceo Nuevo Mundo. Sin embargo, al examinar los registros de asistencia biométricos, se constató que este individuo presentaba nueve omisiones de salida y 108 ausencias diarias, sin que se presentaran las justificaciones correspondientes.
Una cuarta situación similar involucra a una funcionaria que no registró su asistencia durante 184 días y omitió los registros de entrada o salida en otros 255 días. En este caso, el municipio deberá acreditar el cumplimiento efectivo de sus funciones o, en su defecto, iniciar acciones para recuperar los fondos pagados indebidamente.
En lo que respecta al financiamiento educativo, el informe de la CGR estableció que la contratación de tres abogados bajo el código del trabajo y con cargo a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) no se ajustó a las dimensiones y acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento Educativo (PME). Por lo tanto, el municipio deberá calcular y reintegrar los montos correspondientes al Ministerio de Educación.
La Contraloría ha ordenado que todas las medidas de seguimiento, los sumarios y las restituciones sean informadas y registradas en los sistemas institucionales correspondientes dentro de los plazos establecidos, reforzando así las acciones de fiscalización sobre el uso de recursos públicos en el ámbito educativo municipal. Este caso pone de manifiesto la importancia de una gestión transparente y responsable de los recursos públicos, especialmente en un área tan sensible como la educación. La CGR continuará monitoreando la situación en Mulchén para asegurar que se tomen las medidas correctivas necesarias y se eviten futuras irregularidades.
