Cinco personas fueron detenidas en Quito tras una investigación por presunta extorsión. El operativo, ejecutado por la Policía Nacional a través de la UNASE, tuvo lugar en las avenidas Amazonas y Río Coca, en el distrito Jipijapa, luego de una denuncia ciudadana recibida el 29 de abril de 2026 a las 15:00.
Según la denuncia, los sospechosos se hicieron pasar por funcionarios judiciales de la Unidad Judicial, llegando al lugar de trabajo de un familiar de la víctima el 24 de abril a las 12:20. Los individuos exigieron el pago de 1.500 dólares, presentando un panfleto con el número de cuenta bancaria de uno de los presuntos implicados como medio para realizar el depósito.
La extorsión se basó en la supuesta existencia de una deuda contraída por una familiar menor de edad en el extranjero. Los sospechosos amenazaron con atentar contra la integridad física y psicológica de la familia de la víctima si no se realizaba el pago solicitado.
Tras recibir la alerta, personal de la UNASE se dirigió al sector indicado. La víctima identificó a varios de los sospechosos, quienes intentaron huir al percatarse de la presencia policial, desencadenando una persecución a pie en la zona.
Cuatro ciudadanos fueron aprehendidos en el lugar de la intervención inicial. Posteriormente, un quinto hombre fue detenido en la intersección de las avenidas Patria y 9 de Octubre, también identificado por la víctima como partícipe del delito.
Durante el operativo, los agentes incautaron seis teléfonos celulares y un vehículo, los cuales fueron ingresados como evidencia en la investigación. La víctima también entregó voluntariamente un documento físico relacionado con el caso, que fue puesto bajo cadena de custodia.
Las fotografías del operativo muestran los teléfonos celulares decomisados, algunos con daños visibles, y el panfleto con el número de cuenta bancaria utilizado en la extorsión.
Sin embargo, en un giro inesperado, los sujetos fueron liberados y la jueza a cargo del caso ordenó el archivo de la investigación, "dejando a salvo todas las investigaciones de Fiscalía". La jueza también solicitó medidas de protección para la presunta víctima y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, y prohibió a los implicados realizar cualquier acto de intimidación.
Este caso plantea interrogantes sobre la efectividad de las investigaciones y la protección de las víctimas de extorsión en la ciudad de Quito. La rápida liberación de los sospechosos, a pesar de la identificación positiva por parte de la víctima y la evidencia recolectada, genera preocupación sobre la posibilidad de que este tipo de delitos queden impunes.
La Policía Nacional continúa investigando el caso, a pesar de la decisión judicial de archivar la investigación, para determinar si existen otros implicados o si se han cometido irregularidades en el proceso. Las autoridades han reiterado su compromiso de combatir la extorsión y proteger a los ciudadanos de este tipo de delitos.
La UNASE ha intensificado los operativos en la ciudad de Quito para prevenir y combatir la extorsión, especialmente aquellos casos en los que los delincuentes se hacen pasar por funcionarios públicos para engañar a sus víctimas. Se insta a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión a las autoridades competentes y a no acceder a las exigencias de los delincuentes.
Este incidente subraya la importancia de verificar la identidad de las personas que se presentan como funcionarios públicos y de no proporcionar información personal o financiera a desconocidos. La prevención y la denuncia son las mejores herramientas para combatir la extorsión y proteger a la comunidad.
La decisión de la jueza de archivar el caso ha generado controversia y críticas por parte de la ciudadanía y de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. Se espera que las autoridades competentes revisen el caso y tomen las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia y que los responsables de la extorsión sean llevados ante la justicia.
La seguridad ciudadana sigue siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes de Quito. La extorsión es un delito que afecta a personas de todas las edades y niveles socioeconómicos, y que genera un clima de miedo e inseguridad en la ciudad. Es fundamental que las autoridades tomen medidas efectivas para combatir este tipo de delitos y proteger a la población.
