Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ha iniciado una nueva huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut, exigiendo su traslado a la unidad penitenciaria de Esquel y mejores condiciones de detención. Esta es la tercera vez que Jones Huala recurre a esta medida de fuerza desde su detención en junio de 2025, acusado de presunta asociación ilícita.
El líder mapuche se encuentra detenido bajo prisión preventiva, imputado en una causa que lo vincula a presunta asociación ilícita. Su reclamo central se enfoca en el traslado a la U14 de Esquel, una cárcel de seguridad media ubicada a 250 kilómetros de Bariloche, donde reside su familia. Anteriormente, en octubre de 2025, el juez Federal Gustavo Zapata había concedido esa derivación, solicitando al Ministerio de Seguridad de la Nación que gestionara un cupo en ese centro penitenciario. Sin embargo, funcionarios de la Dirección General de Régimen Correccional rechazaron el traslado, argumentando razones de seguridad, lo que impidió su concreción.
Esta nueva huelga de hambre se produce tras la liberación de Juan Pablo Colhuan, otro dirigente mapuche que había permanecido prófugo durante cinco años. Colhuan, líder de la comunidad Lafken Winkul Mapu, fue condenado en suspenso a 2 años y medio por delitos de usurpación e irrupción en un predio con el uso de un arma de fuego, y su liberación en marzo de este año motivó a Jones Huala a retomar su reclamo.
El listado de exigencias de Jones Huala va más allá del traslado y las condiciones de detención. Incluye la solicitud de condiciones laborales dignas, juicio justo y debido proceso , así como el cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuches . Además, exige la eliminación de todas las lof y organizaciones mapuches del listado de organizaciones terroristas elaborado por el gobierno central.
Jones Huala denuncia sufrir pésimas condiciones de detención y la imposibilidad de realizar sus prácticas y ceremonias tradicionales por parte de las nuevas autoridades del centro penitenciario. La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que ejerce la defensa del mapuche, ha denunciado que, desde el inicio de la huelga de hambre, el Ministerio de Seguridad, a través del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ha comenzado a hostigarlo.
Los abogados denuncian que el escrito de Jones Huala, dirigido al Juzgado Federal de Bariloche para justificar su decisión, fue retenido por las autoridades de la Unidad 6, en acto claramente ilegal . Subrayan que las comunicaciones de un detenido con el juzgado son inviolables y que su interferencia constituye una grave violación del derecho a la defensa en juicio.
La situación de Jones Huala será nuevamente evaluada en una audiencia ante la Justicia Federal en junio, donde se determinará si continúa bajo prisión preventiva o si se le otorga libertad condicional, tal como ha solicitado su defensa en repetidas ocasiones. En audiencias anteriores, la Fiscalía Federal se ha opuesto a su liberación.
En las etapas iniciales del proceso, la Fiscalía solicitó que el caso se considerara una investigación compleja, lo que permitiría mantener a Jones Huala detenido bajo prisión preventiva hasta por 2 años. Esta solicitud fue avalada por el juez Zapata. La representante del Ministerio Público Fiscal ha admitido que la investigación para incriminar a Jones Huala tiene pocos avances y que la recopilación de pruebas en su contra es una tarea compleja .
La defensa de Jones Huala argumenta que la detención preventiva es injustificada y que no existen pruebas sólidas que lo vinculen con los delitos que se le imputan. Denuncian una persecución política y una violación de sus derechos fundamentales. La continuidad de la huelga de hambre y la falta de respuesta a sus demandas podrían agravar la situación y generar nuevas tensiones en el contexto del conflicto territorial mapuche. La comunidad mapuche y organizaciones de derechos humanos han expresado su solidaridad con Jones Huala y han exigido al gobierno argentino que garantice su debido proceso y sus derechos fundamentales.
