El gobierno nacional avanza con la concesión de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) como parte de una estrategia para fortalecer las reservas y afrontar los próximos vencimientos de deuda. Si bien se espera recaudar unos 500 millones de dólares con la operación, el ingreso de estos fondos no será inmediato, estimándose que la adjudicación de la concesión se concretará en el segundo semestre del año.
El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa una serie de medidas para obtener divisas, incluyendo la venta de activos estatales, la búsqueda de garantías internacionales y la colocación de bonos en dólares. La concesión de AySA se suma a este plan, buscando aliviar la presión financiera del Estado.
Tras la publicación del contrato de concesión en el Boletín Oficial, el siguiente paso es la licitación, prevista para los próximos días. El proceso, sin embargo, demandará aproximadamente tres meses, ya que las empresas interesadas deberán demostrar su solvencia económica y capacidades técnicas. Se espera que la empresa adjudicataria tenga experiencia en la operación de servicios públicos, aunque no necesariamente en el sector de agua y saneamiento.
La definición de las tarifas post-concesión será un punto clave. Actualmente, existe una fórmula polinómica para la actualización mensual, con límites establecidos para moderar el impacto en los usuarios. El gobierno fijó un tope de 3% mensual de mayo a agosto de 2026, respondiendo a la necesidad de desacelerar la inflación. A largo plazo, las nuevas tarifas deberán ser aprobadas por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) tras la presentación de un plan de acción con obras e inversiones.
Este avance en la privatización de AySA se enmarca en un contexto de ajuste fiscal y reducción del rol del Estado en la gestión de servicios públicos, impulsado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP).
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