El Senado argentino se prepara para un plenario clave donde se debatirá la validación de un acuerdo con fondos buitre por USD 171 millones, en una negociación que el Gobierno busca cerrar antes del 30 de abril para evitar condiciones financieras más desfavorables. La aprobación del acuerdo, que implica un descuento superior al 30% sobre el monto reconocido en fallos judiciales estadounidenses, fue el eje central de una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y legisladores del denominado Grupo de los 44 aliados .
Durante el encuentro, que tuvo lugar en vísperas del plenario, se analizaron diversos temas, incluyendo el avance de las economías regionales, la importancia del equilibrio fiscal y un pedido de los parlamentarios en relación con la coparticipación federal a las provincias. Bullrich destacó la importancia de sostener el equilibrio fiscal como condición indispensable para ordenar la economía argentina y consolidar el progreso del país.
La reunión contó con la participación de senadores de diferentes bloques, incluyendo Eduardo Vischi (UCR), Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia), Flavia Royón (Primero Los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza).
Según fuentes presentes en el encuentro, el Gobierno enfatizó la necesidad de aprobar el acuerdo con los fondos buitre Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP antes del 30 de abril, advirtiendo que la reanudación del litigio podría resultar en condiciones financieras significativamente más gravosas para el país. Sin embargo, se aclaró que esta fecha no es un límite estricto, sino que la aprobación en el Senado antes del jueves representaría un gesto positivo. Se espera que el dictamen correspondiente se emita mañana, miércoles.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, junto con la de Economía Nacional e Inversión del Senado, tienen previsto realizar un plenario para tratar el acuerdo, que contempla el pago de USD 67 millones a Bainbridge y USD 104 millones a Attestor. El esquema de operación elegido es el Entrega contra Pago (DVP), que garantiza la transferencia simultánea de fondos y la cancelación de los bonos, mientras que los acreedores asumirán los gastos legales derivados del proceso judicial.
El acuerdo también incluye una cláusula de standstill, que impide nuevas demandas o acciones legales por parte de los acreedores, así como interferencias en operaciones financieras hasta que la operación se concrete. El Poder Ejecutivo, a través de un mensaje al Congreso firmado por Javier Milei, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, argumenta que la aprobación del acuerdo permitirá la finalización de la investigación en curso sobre los bienes del país, en referencia a los procesos de Discovery vinculados a las finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos argentinos.
Además del acuerdo con los fondos buitre, durante la reunión con el Grupo de los 44 se abordó la situación de las economías regionales y el avance de las obras estratégicas en cada provincia. Los parlamentarios también plantearon un pedido relacionado con la extensión de los plazos de devolución de los adelantos de coparticipación otorgados a varias provincias.
Actualmente, el reembolso de estos adelantos debe realizarse en cuatro meses, pero se está analizando la posibilidad de extender ese plazo a seis u ocho meses. El Gobierno implementó un sistema de adelantos de coparticipación a través del Decreto 219, destinado a doce provincias con problemas financieros: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
El límite máximo para estos anticipos es de $400.000 millones, cuyo monto se calcula según el coeficiente de coparticipación de cada provincia. Los adelantos tendrán una tasa nominal anual fija del 15% y se devolverán mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables. La Secretaría de Hacienda definirá los montos para cada provincia, evaluando su capacidad de pago y la proporción de recaudación de impuestos nacionales.
La aprobación del acuerdo con los fondos buitre representa un paso importante en la estrategia del Gobierno para resolver la deuda externa y normalizar las relaciones financieras con los acreedores internacionales. Sin embargo, la negociación ha generado debate y controversia, con críticas por parte de sectores de la oposición que cuestionan los términos del acuerdo y el impacto que podría tener en las finanzas públicas. El plenario del Senado se espera que sea un momento crucial para definir el futuro de esta negociación y el rumbo de la política económica del país. La votación en el Senado se anticipa tensa, con el Gobierno buscando asegurar el apoyo de los legisladores del Grupo de los 44 y otros aliados para garantizar la aprobación del acuerdo. El resultado de la votación tendrá implicaciones significativas para la estabilidad económica y la credibilidad del país en los mercados internacionales.
