La Fiscalía de Tayacaja ha imputado a ocho miembros del Ejército por el presunto delito de homicidio calificado, tras un operativo en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica), donde cinco personas perdieron la vida. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) inicialmente informó que los fallecidos estaban vinculados con redes de narcotráfico y que los efectivos militares dispararon en legítima defensa después de que las víctimas usaran sus armas de fuego para evitar la detención. Sin embargo, la versión oficial se contradice con el testimonio de Ricardo Acuña Quispe, el único sobreviviente del incidente, quien ha declarado ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja.
Los hechos ocurrieron el sábado 25 de abril a las 4:30 de la madrugada en el sector Puente Mellizo. La zona se encuentra dentro del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una región conocida por ser un importante centro de producción de cocaína.
Según la declaración de Acuña Quispe, a la que tuvo acceso La República, él y otros aproximadamente 50 hombres fueron contratados para transportar droga desde un lugar alejado en el distrito de Vizcatán, Satipo (Junín). Mi primo Eber (Soto Quispe), el que ahora está en el centro de salud porque ha sufrido disparos de armas, me llamó a José Olaya, un lugar muy alejado de esta zona, donde nos contrataron para cargar droga , relató. Acuña Quispe admitió haber cargado 13 kilos de droga en una mochila de costal y haber recibido 1,300 soles por su trabajo como mochilero , una actividad común entre los jóvenes del VRAEM debido a la facilidad para obtener dinero.
No obstante, el sobreviviente aclaró que no todos los pasajeros de la camioneta eran mochileros . Identificó a uno de los fallecidos, el copiloto del vehículo, como la persona responsable del cargamento de droga y quien alquiló la camioneta. Tengo conocimiento que el hombre que viste pantalón blanco y casaca ploma, que se encuentra tendido en el suelo al costado del copiloto de la camioneta, contrató el vehículo y (estaba) entre (las) 7 personas que habíamos cargado la droga , añadió.
Acuña Quispe describió el momento del operativo militar: Aproximadamente a las 4 de la madrugada, vi por la carretera a unos uniformados que tenían armas largas. (Entonces), el chofer (el colombiano Nilson Montenegro Valencia) de la camioneta, comenzó acelerar y en ese momento escuché los disparos. Luego del susto me tiré al suelo. Yo viajaba en la tolva de la camioneta y me escondí. Luego, en el amanecer, decidí entregarme. En un primer momento pensé que se trataba de rateros vestidos con uniformes . También enfatizó que la droga no se encontraba en la camioneta acribillada, sino en otro vehículo.
Las víctimas mortales han sido identificadas como Ever Romero Sivipaucar (37), Jaime Bendezú Paraguay (28), William Nuñez Soto (19), Christian Vilcatoma Águila (18) y el colombiano Nilson Montenegro Valencia.
Los militares imputados son el capitán EP Jorge Montenegro Pardo, el teniente EP Brayan Fernández Dettt y los suboficiales EP Douglas Villacorta Saboya, Edilberto Marcos Guerra, Américo Vásquez Rojas, Jorge Aguilar García, Andy Sánchez Ríos y Fernando Córdova Mariana. Estuvieron detenidos hasta el lunes 27 de abril.
Anthony Crespo, abogado de los familiares de cuatro de las víctimas (excluyendo al colombiano), ha cuestionado la versión oficial y ha rechazado la afirmación de que los fallecidos fueran mochileros . Hay mucha información en las redes sociales. Acá la única verdad es que han matado a cinco jóvenes inocentes. En el auto no han encontrado ni armamentos ni drogas. Incluso las únicas personas que han salido sobrevivientes del vehículo les han hecho el examen para ver si es que ellos han tenido contacto con algún tipo de droga. Estamos hablando específicamente de clorhidrato de cocaína. Y estos exámenes han salido negativos , declaró Crespo.
El abogado denunció que la versión del Ejército es una excusa para justificar lo que él califica como una masacre . Toda versión que está circulando en las redes, que el Ejército se está encargando de divulgar, no es más que meras excusas para justificar este atentado, esta masacre que ellos han perpetrado contra estas cinco personas , afirmó.
La investigación fiscal continúa para determinar las circunstancias exactas del incidente y esclarecer si los militares actuaron en legítima defensa o si hubo un uso excesivo de la fuerza. El caso ha generado controversia y ha puesto en tela de juicio las operaciones militares en el VRAEM, una zona conflictiva donde la presencia del narcotráfico y los grupos criminales es significativa. La comunidad local y los familiares de las víctimas exigen justicia y una investigación transparente para determinar la responsabilidad de los implicados.
