A pesar de contar con una riqueza hídrica considerable, con 500 ríos distribuidos entre las vertientes del Caribe y del Pacífico, la población panameña enfrenta una paradoja alarmante: el agua está disponible, pero no es apta para el consumo humano. Esta situación, que se arrastra por más de medio siglo, revela una problemática estructural que trasciende los gobiernos y las promesas electorales, dejando a gran parte de la población vulnerable a enfermedades y con un acceso limitado a un derecho fundamental.
El clamor por soluciones se ha escuchado durante décadas, pero las administraciones sucesivas han demostrado poco interés en abordar un problema que, a diferencia de las grandes obras de infraestructura, no genera réditos inmediatos ni oportunidades para la corrupción. La falta de inversión en sistemas de tratamiento y distribución de agua potable ha condenado a miles de panameños a consumir agua contaminada, con graves consecuencias para su salud.
La realidad es que en Panamá se ha logrado un equilibrio preocupante: existe agua, pero su calidad es deficiente. Un logro técnico y político que, sin embargo, no es motivo de celebración, ya que la mitad de la población sufre de parasitosis y Helicobacter pylori, enfermedades directamente relacionadas con el consumo de agua contaminada. La diferencia entre el estómago de quien puede permitirse comprar agua embotellada y el de quien no, es abismal. Esta desigualdad, lamentablemente, no recibe la atención mediática que merece.
La imagen que describe la situación es clara: al abrir el grifo, lo que sale es agua turbia o de color dudoso, lejos de las características básicas que se enseñan en las escuelas incolora, insípida e inodora. Para muchas autoridades, el simple hecho de que chorree agua es suficiente, sin importar su calidad. Esta actitud refleja una falta de compromiso con el bienestar de la población y una visión cortoplacista de la gestión pública.
La contaminación de los ríos es otro factor clave en esta crisis. Las descargas de excretas de fincas porcinocultoras, los tanques sépticos defectuosos y las toneladas de basura que arrastran los alcantarillados contribuyen a la degradación de las fuentes de agua. A pesar de la existencia de leyes que regulan estas prácticas, pocas autoridades se atreven a sancionar a los responsables, perpetuando un ciclo de impunidad y contaminación.
En muchas comunidades, las fuentes acuíferas cercanas son inutilizables debido a su mal olor y aspecto pastoso, convirtiéndose en criaderos de mosquitos y vectores de enfermedades como el dengue, el chikunguña y la malaria. Paradójicamente, Panamá cuenta con nueve meses de estación lluviosa, una bendición para países desérticos, pero que no se aprovecha para garantizar el acceso a agua potable a toda la población.
Mientras los dictámenes de salud advierten sobre la no potabilidad del agua, las autoridades parecen ignorar la realidad que enfrentan miles de panameños, quienes se ven obligados a cocinar, bañarse y realizar sus necesidades básicas con agua contaminada. Para algunos sectores privilegiados, el problema es ajeno, ya que el Estado ya les ha resuelto sus necesidades.
Ante esta situación, se plantea la necesidad de adoptar un enfoque técnico y despolitizado en la gestión del agua. La Autoridad del Canal de Panamá, con un siglo de experiencia en la administración de recursos hídricos sin tintes políticos, se presenta como un modelo a seguir. La solución pasa por nombrar a los mejores técnicos, sin banderas partidarias, y dotarlos de los recursos necesarios para implementar soluciones efectivas.
Si se prioriza el interés nacional y se fomenta una cultura de ganar-ganar , Panamá podría no solo garantizar el acceso a agua potable a toda su población, sino también convertirse en un exportador de agua de alta calidad. La política de Estado no debe limitarse a la inauguración de obras y la recaudación de impuestos, sino que debe enfocarse en el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país. Es hora de que las autoridades tomen conciencia de la gravedad de la situación y actúen con responsabilidad y compromiso para resolver un problema que afecta a la salud y la calidad de vida de miles de panameños. La solución existe, solo falta voluntad política y una gestión eficiente de los recursos.
