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La Justicia de Santiago del Estero investiga el caso de una niña de 12 años que quedó embarazada a raíz de una violación. La denuncia fue realizada hace tres meses por la madre de la menor, tras un control médico que reveló el embarazo. Inicialmente, la investigación avanzó con la declaración de la niña en una entrevista en cámara Gesell, donde relató los hechos.
La fecha estimada de parto era para fines de mayo, y la menor estaba siendo acompañada por un equipo multidisciplinario de médicos y psicólogas de la localidad de La Banda, donde reside su familia. Sin embargo, la investigación se complicó cuando tanto la niña como su madre desaparecieron repentinamente.
Las autoridades judiciales iniciaron una búsqueda que finalmente reveló que una organización no gubernamental (ONG) había contactado a la familia y les proporcionó fondos para cubrir los gastos de un aborto. Esto derivó en una nueva línea de investigación: determinar si la ONG obstaculizó la investigación judicial o si se trata de una organización involucrada en la trata de personas.
Los investigadores confirmaron que el aborto se realizó el viernes en una clínica ubicada en Villa Ballester. Durante un operativo en la clínica, se encontraron restos de ocho fetos. Se ha solicitado el análisis de ADN de estos restos para determinar si alguno corresponde al embarazo de la niña de 12 años.
Fuentes del caso han aclarado que la clínica donde se realizó el aborto cuenta con todas las habilitaciones correspondientes y opera legalmente. La clínica es conocida en la zona por realizar abortos avanzados, siguiendo una práctica habitual de programar los procedimientos para un día específico de la semana, generalmente realizados por el mismo médico.
Se ha establecido que cada uno de los ocho procedimientos realizados el fin de semana cuenta con su correspondiente historia clínica, y se presume que una de ellas corresponde a la niña de 12 años. En cuanto a los residuos patogénicos, fueron correctamente dispuestos en bolsas, aunque la recolección aún no se había realizado al momento del operativo.
La investigación se centra ahora en determinar el papel de la ONG en este caso, incluyendo la procedencia de los fondos que proporcionaron a la familia y si su intervención tuvo como objetivo entorpecer la investigación judicial o facilitar la realización del aborto fuera de los cauces legales establecidos.
La Justicia busca establecer si la ONG actuó con conocimiento de la situación de vulnerabilidad de la niña y si sus acciones constituyen un delito. También se investiga si la clínica de Villa Ballester estaba al tanto de la edad de la paciente y si se siguieron todos los protocolos necesarios para garantizar su protección.
El caso ha generado una gran conmoción en Santiago del Estero y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar a los responsables de este delito ante la justicia y de brindar apoyo integral a la niña y su familia.
La investigación continúa en curso, con el objetivo de esclarecer todos los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que los resultados del análisis de ADN de los fetos encontrados en la clínica de Villa Ballester aporten información clave para avanzar en la investigación.
La fiscalía del caso ha solicitado entrevistas con los representantes de la ONG y con el personal de la clínica para recabar más información sobre lo sucedido. También se están analizando los registros telefónicos y bancarios de los involucrados para rastrear el flujo de dinero y las comunicaciones que pudieron tener lugar antes y después del aborto.
Este caso plantea serias interrogantes sobre la protección de los derechos de las niñas y adolescentes, así como sobre la responsabilidad de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. La Justicia busca garantizar que se respeten los derechos de todas las personas involucradas y que se haga justicia en este caso.
