Informes recientes del World Justice Project advierten sobre un preocupante deterioro del Estado de derecho en Ecuador, con retrocesos significativos en áreas clave como la justicia, el control del poder y las garantías fundamentales. Organizaciones como Human Rights Watch han corroborado esta situación, señalando la fragilidad institucional del país, marcada por presiones sobre el sistema judicial, cuestionamientos al debido proceso y tensiones entre las diferentes funciones del Estado.
La problemática, según análisis de la editorial de Expreso, trasciende la gestión de un gobierno específico o la coyuntura política actual. Se identifica una persistente cultura política que concibe el poder como un instrumento de imposición, en lugar de un mecanismo de equilibrio. Esta dinámica se manifiesta tanto en discursos públicos como en acciones concretas, resultando en instituciones debilitadas y ciudadanos vulnerables.
Se advierte que la independencia de la justicia se ve comprometida cuando se aplica de manera selectiva, y la libertad de expresión pierde su valor cuando se enfrenta a interferencias, ya sean directas o indirectas, que limitan su ejercicio. Ecuador, lamentablemente, ya ha experimentado las consecuencias negativas de este camino, y repetir los mismos errores podría acarrear consecuencias aún más graves.
La democracia, se enfatiza, no se limita a la realización de elecciones. Su sostenibilidad depende del establecimiento de límites claros, el respeto institucional y la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Sin estos pilares, cualquier promesa de orden público corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de control. La situación actual exige una reflexión profunda y acciones concretas para fortalecer las instituciones y proteger los principios democráticos.
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