La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, denunció el pasado 19 de febrero que ciudadanos españoles nativos de Madrid se encuentran sistemáticamente excluidos de las listas de beneficiarios de vivienda pública, mientras que personas con nombres extranjeros sí figuran en ellas. Durante su intervención, Moñino leyó una lista de nombres, argumentando que estos individuos pasan por delante de los españoles en el acceso a vivienda, sanidad, guarderías y ayudas sociales.
Esta denuncia se enmarca en la estrategia de Vox de defender la prioridad nacional , un concepto que ha logrado incluir en los acuerdos de gobierno con el PP en Extremadura y Aragón. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido públicamente que los españoles deben tener prioridad debido a la discriminación que, según él, sufren en el acceso a servicios básicos.
Sin embargo, una revisión de la lista presentada por Pérez Moñino reveló que se trataba de la lista provisional de admitidos y descartados para un sorteo de 180 viviendas en Majadahonda, no de adjudicatarios finales. Además, varios de los nombres citados tienen apellidos españoles y, para participar en el sorteo, se exige un mínimo de diez años de empadronamiento en el municipio.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), la principal prestación social en España, un 17,5% de los beneficiarios son extranjeros, ligeramente superior a su proporción en la población total (14,6%). Los datos revelan que las mujeres son las principales beneficiarias del IMV, con un 67,9% del total.
Estudios recientes indican que la población inmigrante utiliza menos los servicios sanitarios que la población autóctona, con menor acceso a pruebas como mamografías y vacunas. Vox ha propuesto incluso excluir a los inmigrantes del acceso a prestaciones no contributivas como el IMV, una moción que fue rechazada en el Congreso.
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