Madrid, 25 de abril Una proposición de ley para facilitar el acceso a la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976, durante la administración española, ha sido reactivada tras más de un año de inactividad. Este impulso legislativo se produce en el contexto de la reciente aprobación por parte del Gobierno español de un proceso de regularización extraordinaria de migrantes el pasado 14 de abril.
La norma propuesta permitiría a los nacidos en el Sáhara bajo administración española recuperar la nacionalidad española. Además, para los descendientes de estos, reduciría a dos años el plazo para iniciar el proceso de solicitud, siempre y cuando posean el Número de Identidad de Extranjero (NIE).
El retraso en la tramitación de esta proposición de ley se vincula al cambio de postura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en 2022, cuando manifestó su apoyo a los planes de autonomía para la excolonia española propuestos por Marruecos.
Los diputados Enrique Santiago y Tesh Sidi, de Sumar, partido de izquierda que forma parte del gobierno de coalición progresista, han sido los principales impulsores de esta iniciativa. Tesh Sidi nació en un campo de refugiados saharauis y fue acogida en España durante su infancia.
Sumar ha logrado desbloquear la ponencia en el Congreso para la exposición de la proposición de ley, lo que constituye el primer paso para su tramitación. La reunión de la ponencia está programada para el próximo martes.
La ley, que afectaría principalmente a alrededor de 15.000 menores saharauis de acogida, se considera una medida de reparación y agilización de plazos, según declaraciones de una dirigente de Sumar a EFE.
Tesh Sidi explica que, actualmente, los saharauis deben esperar una década para iniciar el trámite de la nacionalidad. A este plazo se suman los 3 o 4 años necesarios para obtener el estatuto de apátrida, más otros cuatro años que suele tardar la respuesta de las autoridades a la solicitud de nacionalidad.
En total, un saharaui puede tardar entre 16 y 20 años en obtener la nacionalidad española, incluso teniendo padres españoles. En contraste, un ciudadano latinoamericano, con un arraigo de tan solo tres años, puede iniciar el proceso.
La Constitución establece que todo hijo de español es español, y por eso no se entiende que los saharauis, descendientes de españoles, no tengamos la nacionalidad , lamenta Tesh Sidi.
Enrique Santiago, por su parte, señala a EFE que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes implementado por el Ejecutivo ha excluido de facto a los solicitantes de asilo y a los apátridas, al exigirles que renuncien a sus solicitudes de asilo o apatridia para poder acceder a la regularización.
Santiago considera que este proceso de regularización implica una discriminación total hacia los solicitantes de asilo, en su mayoría procedentes de Colombia, Venezuela y Mali, y hacia los apátridas, de los cuales un 95 por ciento son saharauis.
Con la convocatoria de la primera reunión de la ponencia la próxima semana, y manteniendo un escenario optimista, tanto Santiago como Tesh Sidi estiman que no serán necesarias más de dos reuniones de la ponencia para completar su trabajo.
Posteriormente, se aprobaría el informe en la comisión de Justicia y la ley podría ser sometida a votación en el pleno del Congreso, con la posibilidad de ser aprobada antes del verano.
La reactivación de esta proposición de ley representa un paso importante para abordar la situación de los saharauis nacidos bajo administración española y sus descendientes, quienes durante décadas han enfrentado obstáculos para acceder a la nacionalidad española. La iniciativa busca corregir una situación considerada injusta y garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de estos ciudadanos. La aprobación final de la ley podría significar un alivio para miles de familias saharauis que han esperado durante años una solución a su situación legal.
