La Cámara de Casación confirmó este viernes el decomiso de 111 propiedades pertenecientes a la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, con el objetivo de cubrir una deuda total de casi $685.000 millones derivada de la causa Vialidad, en la que la exmandataria cumple una condena de prisión domiciliaria. La decisión, que ratifica lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N 2 en 2022 y que fue habilitada tras la confirmación de la Corte Suprema en junio del año pasado, implica la ejecución de las penas y el inicio del proceso de recuperación de fondos públicos.
El vasto inventario de bienes embargados se compone de 84 propiedades de Lázaro Báez, 19 a nombre de Máximo y Florencia Kirchner incluyendo el complejo Hotel Los Sauces y una única propiedad perteneciente a la expresidenta: un terreno de más de 6000 metros cuadrados en El Calafate. Además de estos inmuebles directos, el decomiso alcanza a propiedades vinculadas a las empresas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, así como aquellas que fueron cedidas a los hijos de la exmandataria.
Entre las propiedades de Cristina Kirchner se destaca una ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, incorporada a su patrimonio en 2007 y con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados. También se incluyen diez unidades en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, transferidas a sus hijos en 2007, una vivienda en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010, y otra en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.
El decomiso se extiende a numerosos terrenos en las inmediaciones de El Calafate, dentro del Departamento III Lago Argentino, adquiridos entre 2007 y 2008, incluyendo el lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces, establecimiento ya involucrado en otra investigación judicial. Se suman dos bienes adquiridos en 2007, uno de 44.106 metros cuadrados y otro de 87.046 metros cuadrados, ampliando significativamente el alcance de la medida.
La Sala IV de la Casación rechazó los recursos presentados por las defensas, ratificando la necesidad de ejecutar el decomiso para resarcir al Estado por los fondos desviados en la causa Vialidad. Las defensas habían argumentado la falta de trazabilidad directa entre los bienes y el delito, buscando limitar el alcance de la medida.
Cristina Kirchner había intentado proteger dos inmuebles, diez departamentos en Río Gallegos y una serie de terrenos en Lago Argentino, propiedades cedidas a sus hijos y que, según su defensa, no debían formar parte del proceso. Sin embargo, los jueces determinaron que, en casos de corrupción complejos, no es necesario demostrar una trazabilidad lineal del dinero ilícito, sino una vinculación económica razonable .
Los jueces enfatizaron que el decomiso no es una sanción dirigida específicamente a Máximo y Florencia Kirchner, sino una medida restaurativa del patrimonio estatal . El decomiso no persigue castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado aquellos bienes cuya causa jurídica se encuentra afectada por su vinculación con el delito ya juzgado , explicaron en su fallo.
En cuanto a Lázaro Báez, se ejecutarán 84 propiedades, entre ellas la emblemática Chacra 39 de Río Gallegos, lugar de encuentro frecuente entre Báez y el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esta propiedad, valorada oficialmente en $47.911.000 pesos, incluye dos quinchos, una biblioteca y un subsuelo con una bodega de vinos, espacio que Báez utilizó para desmentir acusaciones relacionadas con el caso conocido como La Ruta del Dinero K . También se incluyen casas y departamentos tanto en Río Gallegos como en El Calafate.
La Justicia advirtió que, en caso de que los bienes embargados resulten insuficientes para cubrir la totalidad de la deuda, se procederá contra el patrimonio de los demás condenados en la causa Vialidad: el exsecretario de Obras Públicas José López y los exfuncionarios Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich. Esta decisión subraya la determinación de las autoridades judiciales de recuperar los fondos públicos malversados y garantizar la reparación del daño causado al Estado. El proceso de ejecución del decomiso se espera que sea complejo y prolongado, pero marca un paso significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Argentina.
