La detención de una madre en Mendoza por instigar a su hijo a llevar una réplica de arma a la escuela ha marcado un punto de inflexión, pero los expertos advierten que las sanciones más severas por sí solas no están logrando frenar la ola de amenazas y activaciones de protocolos de seguridad en las escuelas de todo el país. En la última semana, incidentes similares, incluyendo amenazas con armas y mensajes intimidatorios, han generado alarma en comunidades educativas y han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.
La Justicia mendocina tomó una medida sin precedentes al imputar a la madre por intimidación pública agravada y ordenar su traslado a prisión. El fiscal consideró que su participación activa en el incidente, instigando a su hijo, representaba un riesgo significativo en un contexto de creciente preocupación social. Paralelamente, en una escuela de El Algarrobal, Las Heras, un mensaje amenazante escrito en un baño escolar desencadenó una nueva serie de intervenciones policiales, refuerzos de seguridad y una comunidad educativa en estado de alerta.
Las cifras oficiales revelan la magnitud del problema: en pocos días se han acumulado más de 50 denuncias y cerca de 100 activaciones de protocolos de seguridad en las escuelas. La reacción de las autoridades se ha centrado en aumentar las sanciones, judicializar los casos y ejercer mayor presión sobre las familias, con la esperanza de que un mayor costo disuada estas conductas. Sin embargo, según el criminólogo Eduardo Muñoz, esta estrategia no está dando los resultados esperados.
Muñoz explica que las amenazas actuales no buscan necesariamente causar daño físico, sino interrumpir el funcionamiento normal de las escuelas y generar un impacto inmediato. Un simple mensaje anónimo o una nota son suficientes para activar una respuesta institucional masiva, con suspensiones de clases, evacuaciones y presencia policial. Esta desproporción crea un incentivo para los perpetradores, ya que pueden lograr un gran impacto con un esfuerzo mínimo.
El criminólogo destaca que los estudiantes observan estas secuencias, las validan y las replican cuando comprueban que siguen funcionando. No se trata solo de imitación, sino de un aprendizaje práctico que encadena los casos y los desvincula de incidentes aislados. La sanción, en este contexto, enfrenta un problema fundamental: no basta con que sea más dura, sino que debe ser probable, rápida y visible. Sin embargo, en las amenazas escolares, estas condiciones rara vez se cumplen simultáneamente.
El anonimato dificulta la identificación de los responsables, los procesos judiciales son lentos y, cuando la sanción finalmente llega, el efecto deseado ya se ha producido. Este desajuste permite que la conducta cumpla su objetivo antes de ser castigada, reduciendo la capacidad disuasoria de la sanción. El caso de la madre detenida en Mendoza representa una excepción, ya que hubo una identificación clara, una conducta definida y una respuesta judicial rápida. En situaciones similares, la sanción puede tener un efecto de contención, especialmente cuando existe una planificación real o un riesgo concreto.
Sin embargo, como herramienta de disuasión general, la sanción sigue siendo limitada porque quienes realizan o replican estas amenazas no se sienten realmente expuestos a ella. La severidad puede ser alta, pero se percibe como lejana debido a la baja probabilidad de ser identificados, reforzada por el anonimato y la facilidad para difundir mensajes. Además, el impacto de la amenaza es inmediato, mientras que la eventual consecuencia llega más tarde, lo que reduce aún más la capacidad disuasoria de la sanción.
Las más de 50 denuncias y cerca de 100 activaciones de protocolos en pocos días demuestran el impacto que puede tener incluso una réplica de arma en manos de un adolescente dentro de una escuela. El miedo que genera es real, y también lo es la respuesta institucional que activa. En este contexto, el Congreso está avanzando en la regularización de miles de armas de fuego que actualmente circulan fuera del sistema legal, ofreciendo incentivos para quienes las registren. El objetivo declarado es ordenar lo que ya existe, pero surge la pregunta de si incorporar estas armas al sistema reducirá el riesgo o simplemente lo formalizará.
Muñoz advierte que mientras sea posible generar una reacción desproporcionada con un gesto mínimo, el fenómeno seguirá apareciendo. El problema ya no es la amenaza en sí, sino la facilidad con la que se ha vuelto posible hacerla funcionar. La clave, según el criminólogo, reside en comprender la dinámica subyacente y abordar las causas que impulsan a los estudiantes a recurrir a estas conductas disruptivas. La simple aplicación de sanciones más severas no es suficiente para resolver el problema.
