Costa Rica se enfrenta a un debate crucial sobre el control político, un tema que, según el politólogo Johnny Meoño Segura, ha sido abordado de manera superficial y sectorial, sin lograr transformaciones significativas en la cultura política del país. En un análisis profundo, Meoño advierte sobre el riesgo de que legisladores, contralores, defensores y periodistas se encuentren en una situación similar a la de un turista engañado por un metabuscador de hoteles, pagando de más por no haber buscado la información correcta. La metáfora, explica, ilustra la posibilidad de que se ignoren herramientas constitucionales existentes desde 1949 que podrían mejorar sustancialmente la gestión pública.
El catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR) anticipa una perfecta tormenta sociopolítica si los nuevos operadores políticos la presidenta electa y su gabinete reproducen prácticas gubernamentales deficientes del pasado, y si los actores tradicionales incluida la prensa continúan desestimando la importancia del control político intersectorial y la exigencia de cuentas. Meoño se refiere específicamente a parámetros establecidos en la Constitución y regulados por la Ley 5525 de 1974 y artículos de la Ley 6227 de 1978, que nunca han sido plenamente aprovechados.
Sin embargo, el autor mantiene un tono optimista, señalando un grito estridente de la presidenta electa que sugiere un compromiso con la transparencia y la eficiencia. Este compromiso se manifiesta en su anuncio de designar ministros rectores y organizar las instituciones por sectores de actividad, conceptos constitucionales que, según Meoño, deberían ser de dominio público desde la implementación de las leyes mencionadas.
La urgencia de comprender estos conceptos se intensifica con la llegada de una bancada oficialista mayoritaria, compuesta por exministros con poca experiencia en la rendición de cuentas sectoriales. Meoño advierte sobre la habilidad de estos operadores políticos para proteger a sus colegas de la supervisión y el escrutinio público.
Para el politólogo, la rendición de cuentas sectoriales es un asunto de Estado fundamental para un país serio. Esto implica que un ministro de Salud debe responder por la gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), un ministro de Trabajo por las 22 instituciones que trabajan en programas de pobreza y seguridad social, y un ministro de Agricultura por el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Servicio Nacional de Apoyo a la Agricultura (Senara), entre otros.
Hasta la fecha, Meoño lamenta la falta de interés periodístico en este tema crucial. Se pregunta si los futuros ministros poseen el conocimiento necesario para liderar la institucionalidad y la sociedad civil en sus respectivos sectores, y si la prensa está dispuesta a investigar y reportar sobre este aspecto.
El autor enfatiza la importancia de fortalecer el papel de Mideplán y el sistema de dirección y planificación, otorgándoles la relevancia estratégica necesaria para impulsar el bienestar y la productividad del país. Sugiere que la presidenta electa debe convertir a Mideplán en el motor del gobierno y a su ministro en el líder más estratégico del gabinete, algo que no se logró en la administración anterior.
Meoño también destaca la necesidad de que los partidos políticos de oposición, el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), se organicen para controlar y exigir cuentas al Poder Ejecutivo, actuando como ministros sombra sectoriales y preparándose para ejercer plenamente los artículos 140, numerales 3 y 8, 121.24 y 149.6 de la Constitución. La falta de cumplimiento de estas normas, según el autor, ha contribuido al deterioro de los problemas del país a pesar de la existencia de instituciones eficaces en el pasado.
El politólogo advierte que la persistencia en estas prácticas podría obstaculizar la posibilidad de diseñar y materializar una Tercera República que supere las deficiencias de la Segunda República actual. Finalmente, Meoño lanza un llamado a la prensa, instándola a investigar y reportar sobre la fundamentación constitucional de los sectores y ministros rectores anunciados por la presidenta electa, y a exigir el cumplimiento de las normas constitucionales que podrían transformar la gestión pública en Costa Rica.
En su reflexión final, Meoño subraya la importancia de la vigilancia ciudadana y la exigencia de responsabilidad por parte de la oposición, la Contraloría y la Defensoría, para garantizar que la presidenta electa cumpla con su promesa de mejorar la eficiencia y la transparencia del gobierno. La aplicación rigurosa de estas leguleyadas , según el autor, podría desencadenar una eficacia plena y real del gobierno y del país en los próximos cuatro años.
