El gobierno busca proteger la inversión privada de la permisología a través de una polémica propuesta incluida en la ley miscelánea, conocida también como proyecto de reconstrucción nacional . La medida, que ha generado preocupación, contempla la restitución de los gastos a los titulares de proyectos cuyas resoluciones de calificación ambiental (RCA) sean invalidadas por un tribunal de justicia.
El exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, ha advertido que esta iniciativa podría generar un incentivo súper claro a realizar estudios de impacto ambiental deficientes, ya que el Estado asumiría los costos de los proyectos que finalmente sean rechazados. Además, Mena alerta que la medida podría vulnerar la independencia de los poderes del Estado.
Si bien el ex secretario de Estado expresó su comprensión por el fomento a la economía nacional, aseveró que la propuesta es parte de una fórmula de nivelar para abajo . En la práctica está tratando de transformar como habitual algo que es absolutamente poco común. Pero al permitirse esto mismo hay un incentivo súper claro de hacer estudio de impacto ambiental malo y contar que se aprueben estos proyectos. Nunca va a haber ninguna responsabilidad por parte del mal titular , afirmó en declaraciones a Al Pan Pan, con Mirna Schindler.
Mena, ingeniero civil bioquímico, asegura que la norma crearía un escenario en donde los permisos de proyectos sean aprobados con requerimientos mínimos, solo para que después sean revocados por razones medioambientales y posteriormente reembolsados los costos a los titulares. Es bastante cuestionable, pero más encima bastante creativo, porque en mis varias décadas de trabajo en temas ambientales nunca en mi vida había escuchado esa sugerencia ni del más recalcitrante antiambiental. Por tanto, esta creatividad no tiene mucho asidero , sostuvo.
El exministro enfatizó que pocas veces en la historia judicial ambiental chilena ha debido intervenir el Estado a raíz de la revocación de un permiso ambiental. Como ejemplo, citó el caso del proyecto minero Pascua Lama. Tuvo una resolución de calificación ambiental que fue revocada y eso es por un daño absolutamente de culpa de la misma empresa, muy documentado en más de cinco años de litigio y eso fue ratificado posteriormente , explicó.
Con base en este antecedente, Mena argumenta que la medida implica que la carga monetaria por los proyectos rechazados recaerá sobre el Estado, eliminando toda responsabilidad al titular de poder hacer un proyecto que sea bueno, que no tenga razones de ser revertido el permiso ambiental . Reitera que existe un incentivo súper claro de hacer estudio de impacto ambiental malo y contar que se aprueben estos proyectos .
La preocupación del exministro se extiende a las implicaciones de la medida para la independencia de los poderes del Estado. Mena considera que la propuesta equivaldría a una instrucción implícita desde el Ejecutivo de no revocar permisos ambientales. Es una emisión de juicio previo, es una cosa que le quita la independencia de los poderes del Estado y que con toda seguridad tiene algún tipo de vicio de constitucionalidad , sentenció.
La propuesta, enmarcada dentro de un esfuerzo más amplio por agilizar la inversión privada, busca reducir las barreras burocráticas que, según el gobierno, obstaculizan el desarrollo económico. Sin embargo, críticos como Mena argumentan que la medida podría comprometer la protección del medio ambiente y socavar la integridad del sistema de evaluación ambiental. La discusión sobre esta polémica iniciativa promete intensificarse en las próximas semanas, a medida que avanza el debate legislativo de la ley miscelánea. La posibilidad de que el Estado financie los errores en los estudios de impacto ambiental ha encendido las alarmas entre expertos y defensores del medio ambiente, quienes temen que se abra la puerta a prácticas irresponsables y a una menor protección de los recursos naturales.
