La Corte Suprema de Justicia de la Nación se prepara para tomar el control de un extenso listado de propiedades pertenecientes a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el marco de la ejecución de la condena por corrupción en la causa Vialidad. El fallo de la Cámara de Casación ha allanado el camino para que el máximo tribunal penal ordene la ejecución de bienes con el objetivo de cubrir una deuda que asciende a $684.990.350.139,86.
El primer listado de bienes a ejecutar incluye terrenos, departamentos, un hotel boutique y casas, todos los cuales pasarán a manos de la Corte Suprema, que será responsable de determinar su destino final. Paralelamente, se procederá a la ejecución de más de 80 propiedades pertenecientes a Lázaro Báez. La investigación judicial reveló una interconexión económica entre Kirchner y Báez, ambos beneficiados por la maniobra de corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz.
La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, quedará a cargo de los bienes decomisados a los condenados en el caso Vialidad. El tribunal podrá destinar estos bienes a los damnificados directos o indirectos por los actos de corrupción, o incluso considerar una asignación parcial a la ciudadanía santacruceña, especialmente en relación con aquellos bienes ubicados en la provincia y vinculados a los efectos nocivos de la maniobra delictiva.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) sostuvieron que el decomiso es esencial para satisfacer la pena impuesta y que la ejecución patrimonial es crucial para evitar que la condena se reduzca a una mera formalidad mientras los activos derivados de la corrupción continúen generando beneficios económicos. La Sala IV de la Casación respaldó esta postura, argumentando que la respuesta penal frente a la corrupción no puede limitarse a un valor simbólico, sino que debe traducirse en la neutralización concreta de las ganancias ilícitas.
El decomiso busca asegurar que el delito no conserve una eficacia económica residual, evitando que los condenados sigan disfrutando de los beneficios obtenidos a través de la corrupción. La ejecución patrimonial se considera indispensable para garantizar que la condena tenga una plena eficacia institucional.
Entre los bienes que perderá Cristina Kirchner se destacan el hotel Los Sauces Casa Patagónica, ubicado en El Calafate y lindante a su residencia, y un complejo de departamentos en Río Gallegos construido por Lázaro Báez para la inmobiliaria de la familia Kirchner. El hotel Los Sauces, considerado el más lujoso que poseía la ex presidenta, fue alquilado durante 11 años al Grupo Relats a un costo de 90 mil dólares mensuales, generando un ingreso de entre 10 y 11 millones de dólares para los Kirchner.
Además, se incluyen en el listado terrenos y propiedades en El Calafate cedidas en partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner, así como inmuebles adquiridos por Néstor Kirchner en Río Gallegos en 2007 y 2010. Un terreno cedido por Cristina Kirchner a Lázaro Báez a cambio de otro terreno para ampliar el hotel boutique también será objeto de decomiso.
Lázaro Báez, por su parte, enfrentará la ejecución de 84 propiedades, incluyendo la Chacra 39 en Río Gallegos, un lugar de encuentro con Néstor Kirchner, y la estancia Los Gurises. Báez adquirió entre 2010 y 2013 un total de 1.412 bienes muebles e inmuebles en más de ocho provincias, concentrándose principalmente en la Patagonia.
La justicia ya había ordenado previamente la ejecución de 40 inmuebles de Báez para cubrir un decomiso de 55 millones de dólares. La ejecución de estos bienes se realiza en virtud de la función reparadora del daño social causado y en cumplimiento de la política pública de recuperación de activos de la corrupción.
La investigación judicial corroboró una maniobra defraudatoria en la que se detectó una colusión en la obra pública vial de Santa Cruz, sobreprecios en la adjudicación de obras, permisividad en la aprobación de modificaciones y ampliaciones de plazos, y anticipos financieros y pagos anticipados otorgados a Austral Construcciones SA. Esta maniobra resultó en una transferencia ilícita de fondos que benefició tanto a Cristina Kirchner como a Lázaro Báez.
El decomiso de bienes representa un claro mensaje a la sociedad respecto al recupero de los activos obtenidos como resultado de la corrupción. Se espera que una segunda parte del listado de bienes a decomisar se publique en breve, ampliando aún más el alcance de la ejecución patrimonial en el caso Vialidad. La Corte Suprema ahora tiene la responsabilidad de administrar estos bienes y determinar la mejor manera de utilizarlos para reparar el daño causado a la sociedad y garantizar que la corrupción no quede impune.
