El Ministerio de Justicia de la República Dominicana inició formalmente el traspaso de los centros de atención al ciudadano, conocidos como Puntos Gob, en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC). Esta transferencia busca centralizar y optimizar servicios registrales e incorporar asociaciones sin fines de lucro, garantizando la continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de estos servicios a la ciudadanía.
La iniciativa responde al cumplimiento de la Ley núm. 80-25, que establece la creación del Ministerio de Justicia y define sus competencias. En virtud de esta ley, los servicios administrativos actualmente gestionados por el Ministerio Público pasarán a ser administrados y gestionados por el Ministerio de Justicia. Estos servicios incluyen el registro de documentos oficiales y notariales, la incorporación de asociaciones sin fines de lucro, y la expedición de certificaciones de exequátur para abogados y notarios.
El proceso de traspaso está siendo liderado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, junto al director de la OGTIC, Edgar Batista, y representantes del Ministerio Público, incluyendo a la magistrada Wendy Estrella. La viceministra de Asuntos Registrales y Atención Ciudadana del Ministerio de Justicia, Delta Paniagua Feliz, también participa activamente, acompañada de sus respectivos equipos técnicos.
Como parte de la evaluación inicial, las autoridades realizaron una visita al Punto GOB ubicado en la plaza Sambil, en el Distrito Nacional. El objetivo de esta visita fue evaluar las condiciones operativas y la funcionalidad de los servicios que se prestarán desde esta ubicación, una vez completado el traspaso. Se espera que esta evaluación sirva como modelo para la transferencia de los demás Puntos Gob a nivel nacional.
El traspaso de estas competencias representa un cambio significativo en la administración de los servicios al ciudadano. Al centralizar estas funciones en el Ministerio de Justicia, se busca mejorar la coordinación interinstitucional, simplificar los procesos y reducir los tiempos de espera para los usuarios. Además, se espera que esta medida contribuya a fortalecer la transparencia y la seguridad jurídica en la gestión de los registros públicos.
Las autoridades involucradas han enfatizado su compromiso de garantizar una transición fluida y sin interrupciones en la prestación de los servicios. Se están tomando medidas para capacitar al personal del Ministerio de Justicia en las nuevas funciones que asumirán, así como para adaptar los sistemas informáticos y los procedimientos administrativos.
El Ministerio de Justicia ha asegurado que se mantendrá una comunicación constante con la ciudadanía durante todo el proceso de traspaso, informando sobre los avances y los cambios que se produzcan. Se espera que la transferencia de los Puntos Gob se complete en un plazo razonable, permitiendo que el Ministerio de Justicia asuma plenamente sus responsabilidades en la administración de estos servicios.
La incorporación de las asociaciones sin fines de lucro al ámbito de gestión del Ministerio de Justicia también se considera un paso importante para fortalecer el sector social dominicano. Al facilitar el proceso de registro y legalización de estas organizaciones, se espera promover su desarrollo y contribuir a la implementación de programas y proyectos de interés público.
La expedición de certificaciones de exequátur para abogados y notarios, otro de los servicios que se transferirán al Ministerio de Justicia, es fundamental para garantizar la validez de los documentos legales emitidos en el extranjero. Al centralizar este proceso, se busca agilizar la tramitación de las solicitudes y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.
En resumen, el traspaso de los Puntos Gob al Ministerio de Justicia es una medida estratégica que busca modernizar la administración pública, mejorar la calidad de los servicios al ciudadano y fortalecer el estado de derecho en la República Dominicana. Las autoridades responsables han manifestado su compromiso de llevar a cabo este proceso de manera transparente, eficiente y en beneficio de toda la sociedad. Se espera que los resultados de esta iniciativa se traduzcan en una mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en un mejor acceso a los servicios que necesitan.
