Uruguay se encuentra en el centro de un creciente debate sobre la libertad de expresión y la criminalización de la crítica a las políticas israelíes, tras una serie de iniciativas legislativas y la creación de grupos de trabajo destinados a abordar el antisemitismo . Organizaciones como BDS Uruguay-Espacios Libres de Apartheid y un grupo de judíxs contra el genocidio palestino han expresado su profundo rechazo a estas medidas, argumentando que buscan censurar la solidaridad con el pueblo palestino y desviar la atención de las acciones del gobierno israelí, especialmente en Gaza.
Las preocupaciones se centran en un proyecto de ley presentado por los diputados Conrado Rodríguez y Walter Verri para modificar el Código Penal y castigar la negación del Holocausto y las expresiones de antisemitismo . Paralelamente, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) ha creado un grupo de trabajo para estudiar la legislación nacional sobre antisemitismo y emitir recomendaciones al Poder Legislativo. A esto se suma la propuesta del senador Javier García de crear una comisión parlamentaria de seguimiento, prevención y denuncia del antisemitismo , y la realización del Primer Congreso de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo en el Palacio Legislativo, donde se instó a los Estados de la región a adoptar la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).
Las organizaciones denunciantes sostienen que todas estas iniciativas forman parte de una campaña regional y mundial para criminalizar como antisemitas las críticas a las políticas de Israel y la solidaridad con Palestina. Argumentan que se busca asimilar deliberadamente antisemitismo con antisionismo, presentando a los victimarios como víctimas y utilizando el lawfare (guerra jurídica) contra quienes defienden los derechos del pueblo palestino.
Un punto central de la controversia es la definición de antisemitismo de la IHRA, que, según las organizaciones, considera las críticas a las políticas de Israel y la solidaridad con Palestina como expresiones de antisemitismo . La Universidad de la República ya rechazó esta definición en diciembre de 2025, solicitando al gobierno que la deje sin efecto y estudie su retirada de la IHRA, donde Uruguay tiene estatus de país observador.
Las organizaciones enfatizan que el sionismo es una ideología colonialista surgida en Europa central y del Este a fines del siglo XIX, y que ha tenido críticos dentro de la propia comunidad judía. Rechazan la asimilación entre judaísmo y sionismo, argumentando que el judaísmo es una religión y una tradición cultural, mientras que el sionismo es una ideología política. Subrayan que rechazar las políticas genocidas y de apartheid de Israel no es ser antijudío, y que este rechazo está creciendo a nivel mundial ante la cobertura en tiempo real del genocidio en Gaza.
Comparten la postura de 18 instituciones judías internacionales que consideran que la judeofobia debe ser combatida en el marco de la lucha contra todas las formas de racismo, intolerancia y discriminación, incluyendo la islamofobia y el racismo antiárabe, sin un estatus especial. Consideran que la legislación uruguaya ya cuenta con herramientas suficientes para castigar expresiones y conductas racistas y discriminatorias, incluidas las antijudías.
La denuncia se extiende al ex presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Marcos Israel, a quien acusan de utilizar su cargo actual en la INDDHH para impulsar los intereses del Estado de Israel y del movimiento sionista mundial. Señalan la firma de un convenio entre la INDDHH y el Observatorio Web del Congreso Judío Latinoamericano, con el objetivo de vigilar el avance del antisemitismo en el país y la región.
También rechazan las declaraciones de Marcos Israel, en las que, según denuncian, niega o pone en cuestión los crímenes cometidos por Israel en Gaza y Líbano, y elogia la democracia israelí. Argumentan que Israel ha sido condenado por cometer apartheid y está siendo investigado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, y que sus dirigentes tienen órdenes de captura internacional emitidas por la Corte Penal Internacional.
Las organizaciones afirman que el genocidio perpetrado por Israel en Gaza desde octubre de 2023 no tiene precedentes en la historia reciente y ha sido documentado por organismos de la ONU, la Corte Penal Internacional, organizaciones internacionales de derechos humanos y expertos en genocidio.
Ante esta situación, BDS Uruguay-Espacios Libres de Apartheid y Judíxs contra el genocidio palestino exigen:
1. A la INDDHH: dejar sin efecto el acuerdo con el Observatorio Web del Congreso Judío Latinoamericano y disolver el grupo de trabajo sobre antisemitismo .
2. Al Poder Legislativo: rechazar el proyecto de ley que busca penalizar las expresiones de antisemitismo , la creación de una comisión parlamentaria con el mismo fin, y destituir a Marcos Israel de su cargo en la INDDHH.
3. Al Poder Ejecutivo: abandonar la definición de antisemitismo de la IHRA, retirar a Uruguay de la IHRA, dejar sin efecto los convenios con organizaciones sionistas locales y romper relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel hasta que respete el derecho internacional y las resoluciones de la ONU.
