La administración del expresidente Donald Trump ha disparado las deportaciones de nicarag enses a niveles sin precedentes, ejerciendo una creciente presión sobre el gobierno de Daniel Ortega y generando preocupación por el destino de los retornados. En menos de dos años, 93 vuelos han transportado a más de 10,700 nicarag enses de vuelta a su país de origen, una cifra que supera con creces cualquier registro anterior.
Según datos proporcionados por la oenegé Human Rights First, que monitorea los vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), en las primeras 15 semanas de 2026, se deportaron 3,122 nicarag enses, quintuplicando los 600 expulsados en el mismo período de 2025. Este aumento exponencial se traduce en un ritmo de dos vuelos semanales, los jueves y sábados, a diferencia de los dos mensuales que Nicaragua recibía antes de la administración Trump.
Si este ritmo se mantiene, se estima que a finales de 2026 se superará el récord de 7,592 deportados registrado en 2025. El incremento más significativo se observó a partir de septiembre de 2025, con diez vuelos que transportaron a más de 1,000 nicarag enses. Desde entonces, el promedio mensual se ha mantenido entre ocho y diez vuelos.
En enero de 2026 se registraron diez vuelos, mientras que febrero y marzo tuvieron ocho cada uno. La información sobre estos vuelos, que llegan al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, es compartida por fuentes estadounidenses a la prensa independiente, ya que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se mantiene en silencio público al respecto.
Sin embargo, a pesar del silencio oficial, la dictadura ha implementado un plan de control y vigilancia hacia los deportados, como reveló CONFIDENCIAL en un reportaje anterior. Funcionarios del Registro Civil admitieron que se les ordena verificar la identidad de los retornados, su inscripción en los registros nacionales y recopilar toda la información disponible sobre ellos.
Los vuelos de deportación son operados por la aerolínea Global X, y al llegar a Managua, los deportados son entregados directamente al Ministerio del Interior (MINT), que se encarga de trasladarlos a sus hogares, incluso en zonas remotas.
La situación ha generado temor entre los deportados, algunos de los cuales han denunciado ser objeto de vigilancia y hostigamiento por parte de las autoridades. Un nicarag ense deportado en 2025 relató que la policía visitó su casa para preguntarle sobre el dinero que había recibido de Estados Unidos.
Según un análisis de CONFIDENCIAL basado en datos del Deportation Data Project, desde 2025, las autoridades de Inmigración estadounidenses han detenido a 7,889 nicarag enses. En 2025 fueron detenidos 6,665, y en lo que va de 2026 se sumaron otros 1,224. El 20% de los detenidos se encuentran en Florida, mientras que el 15% están en California y el 13% en Texas. Otros estados con poblaciones significativas de nicarag enses detenidos incluyen Wisconsin, Georgia, Indiana y Tennessee.
Además de las deportaciones aéreas, el gobierno de Estados Unidos también ha deportado a más de 694 nicarag enses a México por vía terrestre, según información revelada por el gobierno mexicano al Instituto de la Mujer en la Migración (IMUMI). Mientras que los deportados cubanos y venezolanos suelen ser liberados en la calle sin documentación migratoria, y los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños son deportados en autobús a sus países de origen, no se dispone de información sobre el destino de los nicarag enses deportados a México.
También se han reportado casos de nicarag enses deportados a Honduras, como el excarcelado Juan Barilla, uno de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos. Barilla fue acogido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Honduras, recibiendo alojamiento, alimentación y trámites migratorios por un período de tres meses.
La intensificación de las deportaciones ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los nicarag enses en Estados Unidos y la falta de transparencia del gobierno de Ortega en relación con el destino de los retornados. La situación plantea serias preocupaciones sobre los derechos humanos y la seguridad de los deportados, así como sobre el impacto social y económico de este flujo migratorio forzado en Nicaragua. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta crisis migratoria y la respuesta del gobierno nicarag ense ante la creciente presión migratoria.
