El Gobierno chileno ha ordenado un recorte del 3% en el gasto público de cada ministerio, en un esfuerzo por enfrentar la estrechez fiscal y demostrar coherencia con la austeridad promovida por el Ejecutivo. La medida, que busca ordenar las cuentas del Estado, incluye una reducción específica de $706 millones en Presidencia, afectando principalmente gastos en personal y actividades del mandatario.
Esta decisión implica una revisión de contrataciones, funciones y posibles reducciones en los equipos de trabajo de Presidencia, así como una contención de costos asociados a giras, ceremonias y eventos oficiales. Según fuentes de Palacio, el recorte también responde a una estrategia política para reforzar el discurso de austeridad del Gobierno.
La implementación de este ajuste ha generado debate entre las distintas carteras ministeriales. Mientras que el Ministerio de Salud negocia una reducción menor, el Ministerio de la Mujer ha asegurado su capacidad para aplicar el recorte completo. El Ministerio de Vivienda, por su parte, se encuentra aún evaluando las áreas que serán objeto de ajuste.
Expertos como Mario Herrera, director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, califican la medida como una señal positiva en un contexto de cuestionamientos al relato gubernamental. Sin embargo, Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP, advierte que el principal desafío radica en los altos niveles de gasto ya comprometidos. Ortiz agrega que la efectividad de esta política como medida estructural se verá reflejada en el presupuesto de 2027.
Las últimas reuniones entre Hacienda y los ministerios para definir las rebajas en el gasto fiscal se concretarán la próxima semana. El objetivo es asegurar una aplicación transversal del recorte del 3% y avanzar hacia una mayor disciplina fiscal.
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