Estados Unidos ha accedido a permitir que el gobierno de Venezuela financie la defensa del presidente Nicolás Maduro y su esposa, poniendo fin a una batalla legal en curso. La decisión, comunicada a última hora del viernes a través de una carta presentada al juez que supervisa el caso, implica una modificación en la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro. Esta modificación autoriza el pago a los abogados de Maduro y su esposa, quienes enfrentan cargos penales, sin infringir las leyes de sanciones estadounidenses.
Los fiscales federales explicaron al juez que los pagos deberán realizarse con fondos disponibles para el gobierno venezolano a partir del 5 de marzo de 2026. Tanto Maduro como su esposa están sujetos a sanciones estadounidenses, lo que normalmente requeriría una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para cualquier transacción financiera.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, había afirmado previamente que la OFAC había concedido y luego revocado una licencia para el pago de honorarios legales, lo que consideró una violación del derecho constitucional de su cliente a una defensa adecuada. Los fiscales inicialmente argumentaron que los Maduro podían utilizar fondos personales, pero Pollack insistió en que no disponían de tales recursos.
La defensa había solicitado previamente el descarte de la acusación, alegando que el gobierno de EE.UU. estaba obstaculizando su capacidad para defenderse en el caso de conspiración de narcoterrorismo. Durante una audiencia, los fiscales defendieron el uso de sanciones para influir en la política exterior, argumentando que el gobierno venezolano ha saqueado la riqueza de Venezuela . El juez Alvin Hellerstein expresó escepticismo sobre la postura del gobierno, señalando que Maduro y su esposa no representan una amenaza inmediata.
Los abogados de los Maduro retiraron su recurso judicial tras la modificación de la licencia. Pollack ha indicado que impugnará la legalidad de la detención de Maduro, alegando inmunidad judicial debido a que los presuntos delitos ocurrieron mientras era presidente. Maduro fue elegido por primera vez en 2013, pero EE.UU. no lo reconoce como líder legítimo desde 2019.
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