La organización indígena 48 Cantones de Totonicapán exigió este jueves la liberación de sus líderes Luis Pacheco y Héctor Manuel Chaclán, quienes se encuentran en prisión preventiva desde abril de 2025. Ambos fueron detenidos tras encabezar protestas en 2023 en defensa de los resultados electorales que dieron la presidencia a Bernardo Arévalo de León.
Decenas de miembros de la organización se concentraron frente a la sede del Ministerio Público (MP) en la capital guatemalteca, iniciando una marcha que los llevó a la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, y culminó en el Palacio Nacional de la Cultura, donde fueron recibidos por el presidente Arévalo de León. El objetivo de la movilización fue denunciar lo que consideran una criminalización de la resistencia pacífica.
Luis Pacheco, actualmente viceministro de Energía y Minas, desempeñó un papel fundamental durante las movilizaciones de 2023, las cuales exigían la renuncia de la entonces fiscal general, Consuelo Porras Argueta. Porras fue señalada de intentar impedir la investidura de Arévalo de León, generando una crisis política que puso en riesgo la transición democrática del país.
Salvador Xec, autoridad indígena de las 14 Comunidades de San Cristóbal Totonicapán, declaró: "La resistencia pacífica no es terrorismo, y que la lucha por la democracia no se criminaliza con figuras penales ambiguas". Xec enfatizó la necesidad de poner "fin al uso indebido del delito de terrorismo como instrumento de criminalización para perseguir autoridades indígenas".
El dirigente indígena subrayó que las acciones tomadas en 2023 respondieron directamente al mandato de las asambleas comunitarias, quienes actuaron en defensa del Estado de derecho y la voluntad popular expresada en las urnas. La detención de Pacheco y Chaclán, según la organización, representa un ataque a la autonomía y la capacidad de movilización de los pueblos indígenas.
Al recibir a las autoridades indígenas en el Palacio Nacional, el presidente Arévalo de León afirmó que los dos detenidos son acusados de delitos que "no cometieron", calificando su captura como "una represalia por haber defendido el derecho de todos a elegir libremente a nuestras autoridades y por defender la democracia".
"Hace un año, el 24 de abril de 2025, nuestro viceministro de Desarrollo Social, Luis Pacheco, y el compañero Héctor Chaclán, ambos miembros de mi equipo de gobierno, fueron acusados de delitos que no cometieron. Esta acusación falsa fue una represalia", expresó el mandatario.
Arévalo de León consideró que Pacheco y Chaclán fueron "reprimidos y perseguidos por autoridades ilegítimas del sistema de justicia, por personas cuyo régimen de abuso y miedo está por terminar". Sus declaraciones reflejan la tensión existente entre el gobierno actual y sectores del sistema judicial que, según el presidente, permanecen leales a la administración anterior.
La fiscal general Consuelo Porras, de 72 años, dejará el Ministerio Público el próximo 17 de mayo, al concluir su período. Asumió el cargo en mayo de 2018, designada por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020), y fue ratificada en el puesto por Alejandro Giammattei (2020-2024). Su gestión estuvo marcada por controversias y acusaciones de persecución política contra opositores y defensores de derechos humanos.
El presidente Arévalo de León señaló que el caso de los dos dirigentes indígenas se suma a una "larga lista de acoso y de criminalización contra jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y el equipo de su Gobierno" por parte del Ministerio Público. Esta situación, según el mandatario, evidencia un intento de desestabilizar su gobierno y socavar las instituciones democráticas del país.
Los manifestantes denunciaron que el proceso judicial contra Pacheco y Chaclán sufre retrasos intencionales, promovidos por actores interesados en mantenerlos en prisión. La dilación en el proceso, argumentan, viola el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los acusados.
La organización 48 Cantones de Totonicapán ha convocado a nuevas movilizaciones para exigir la liberación de sus líderes y el fin de la criminalización de la protesta social. El caso ha generado preocupación a nivel nacional e internacional, con llamamientos de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros para que se respeten las garantías procesales y se garantice un juicio justo para Pacheco y Chaclán. La situación pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el gobierno de Arévalo de León en su intento por consolidar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.
