Bilbao, 23 de abril La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Ling ística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha defendido hoy la actuación del Ejecutivo en materia penitenciaria, rechazando acusaciones de arbitrariedad tras la reciente decisión de la Audiencia Nacional de denegar el régimen de semilibertad a la exjefa de ETA, Soledad Iparragirre, alias Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti, Juan Ramón Carasatorre.
En declaraciones a Radio Popular, Bengoetxea ha insistido en que el Gobierno Vasco se limita a ejecutar la legislación penitenciaria vigente y que las decisiones adoptadas no son fruto de impulsos o criterios subjetivos. No tomamos decisiones arbitrarias al albur de lo que se nos ocurra en cada momento , afirmó, subrayando que, como acto administrativo, las decisiones pueden ser recurridas, lo que garantiza un control y revisión por parte de la judicatura.
La consejera reconoció que, en este caso específico, el juez de Vigilancia Penitenciaria consideró que la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que regula la semilibertad, no era procedente. Sin embargo, Bengoetxea enfatizó que en ocasiones anteriores el mismo juez ha avalado decisiones similares tomadas por el Gobierno Vasco. También ha avalado muchas de las decisiones tomadas en este sentido , puntualizó.
Bengoetxea expresó su preocupación por lo que considera un ruido interesado destinado a desgastar al gobierno o a mantener posturas extremas. En este sentido, advirtió sobre el auge de los extremismos y populismos, especialmente en el Estado español, y la posible intención de extender estas dinámicas a la política vasca. Luego viene el ruido interesado por desgastar al gobierno o por mantener posiciones extremas y esto sí es preocupante , declaró.
La negativa de la Audiencia Nacional a conceder la semilibertad a Iparragirre y Carasatorre ha generado debate político y social en el País Vasco, donde existen diferentes sensibilidades en relación con la política penitenciaria y el proceso de normalización tras el fin de la violencia de ETA. El Gobierno Vasco ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de aplicar una política penitenciaria que favorezca la reinserción social de los presos, siempre dentro del marco legal.
La consejera Bengoetxea no profundizó en los detalles específicos del caso de Iparragirre y Carasatorre, argumentando que se trata de decisiones judiciales que deben respetarse. No obstante, reiteró la confianza en la legislación penitenciaria y en la capacidad del sistema judicial para garantizar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y los derechos de los presos.
La declaración de Bengoetxea se produce en un contexto de creciente tensión política en el País Vasco, marcado por la polarización y la confrontación entre diferentes actores. La cuestión de la política penitenciaria sigue siendo un tema sensible y controvertido, que genera fuertes emociones y opiniones encontradas.
El Gobierno Vasco ha insistido en que su objetivo es avanzar hacia una normalización completa de la situación política y social en el País Vasco, lo que incluye la resolución del problema de los presos de ETA. Sin embargo, ha dejado claro que esta resolución debe producirse dentro del marco legal y respetando los derechos de las víctimas del terrorismo.
La consejera Bengoetxea concluyó su intervención apelando a la responsabilidad de todos los actores políticos y sociales para evitar la propagación de discursos extremistas y populistas, y para construir un futuro de convivencia pacífica y respeto mutuo en el País Vasco. La defensa de la legalidad y la ejecución de la legislación penitenciaria, según Bengoetxea, son pilares fundamentales para alcanzar este objetivo.
