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Harold Yeraldo Salguero Morales, alias Liro Rebelde , miembro de la clica Solo para locos del Barrio 18, se enfrenta a un segundo proceso penal en su contra. El Juzgado de Turno de Villa Nueva ha resuelto ligarlo a proceso por los delitos de asociación ilícita, terrorismo y asesinato en grado de tentativa, en relación con un ataque contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurrido en Bárcenas, Villa Nueva.
La decisión judicial otorga al Ministerio Público (MP) un plazo de tres meses para ampliar la investigación, estableciendo la audiencia de etapa intermedia para el 5 de agosto. La imputación del MP señala a Salguero Morales como uno de los responsables de disparar contra los oficiales de la PNC, resultando en heridas a uno de ellos.
La base de la acusación se sustenta en una serie de pruebas recopiladas por el MP. Entre ellas, destaca un teléfono celular decomisado al detenido durante su captura en la zona 21 de la capital. El análisis del dispositivo reveló chats comprometedores entre Salguero Morales y su conviviente, en los que discuten los hechos relacionados con el ataque a la PNC.
Además de las comunicaciones, videos presentados como evidencia muestran al presunto pandillero quemando prendas de vestir que, según la investigación, utilizó durante el ataque. Este intento de destruir evidencia se considera un indicio clave de su participación. La localización del vehículo presuntamente utilizado en el ataque, abandonado en el kilómetro 26 de la jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, también se suma a las pruebas presentadas.
La captura de Salguero Morales se produjo durante un operativo policial en la zona 21, donde se le incautó una pistola y droga. Este hallazgo inicial ya había resultado en un proceso penal en su contra, al que ahora se suma este nuevo caso relacionado con el ataque a la PNC.
Estos acontecimientos se enmarcan en un contexto de escalada de violencia que se originó hace más de tres meses, con ataques simultáneos contra agentes de la PNC en represalia por las acciones de las fuerzas de seguridad para retomar el control de centros carcelarios que habían sido tomados por reos.
El punto de inflexión se produjo en las primeras horas del domingo 18 de enero, cuando las fuerzas de seguridad lograron retomar el control de la cárcel de máxima seguridad Renovación. Los reos habían tomado el control del penal y mantenían como rehenes a guardias del Sistema Penitenciario, generando una situación de crisis y poniendo en riesgo la seguridad de los funcionarios y del propio sistema penitenciario.
En respuesta a la operación en Renovación, varios agentes de la PNC fueron atacados simultáneamente por presuntos pandilleros del Barrio 18. Estos ataques coordinados dejaron un saldo trágico de 11 policías fallecidos, lo que evidenció la capacidad de organización y la peligrosidad de la pandilla. Las investigaciones preliminares sugieren que los ataques fueron coordinados por cabecillas de la pandilla, quienes habrían dado la orden de atacar a las fuerzas de seguridad como represalia por la operación en la cárcel.
El caso de Liro Rebelde y su vinculación a estos hechos pone de manifiesto la persistencia de la amenaza que representan las pandillas para la seguridad pública en Guatemala. Las autoridades han intensificado los operativos para desarticular las estructuras criminales y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos de violencia. La investigación continúa en curso para identificar a otros implicados en el ataque a la PNC y esclarecer completamente los hechos.
El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de perseguir penalmente a todos aquellos que atenten contra la vida de los agentes del orden y que busquen desestabilizar la seguridad del país. La vinculación a proceso de Liro Rebelde representa un paso importante en esta lucha contra la criminalidad organizada, pero aún queda mucho por hacer para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos guatemaltecos. La sociedad civil ha demandado mayor contundencia en la lucha contra las pandillas y ha pedido a las autoridades que implementen estrategias más efectivas para prevenir la violencia y proteger a la población.
