El gobierno nacional enfrenta dificultades para reducir significativamente el índice de riesgo país, un problema que el secretario de política económica, José Luis Daza, atribuye en parte al historial de incumplimientos de la deuda pública argentina. Si bien el país se acerca a registrar el nivel de riesgo país más bajo en años, actualmente se ubica en 528 puntos básicos, una cifra considerablemente superior a los 342 puntos básicos alcanzados en marzo de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.
Daza reconoció que, más allá de la tradición de incumplimiento, los inversores evalúan la sostenibilidad económica del país, incluyendo la estabilidad cambiaria y la capacidad de mantener un superávit fiscal a mediano y largo plazo. El resultado fiscal actual, sin embargo, no ha logrado convencer al mercado sobre su viabilidad futura, impidiendo que el índice de riesgo país descienda a niveles por debajo de los 300 puntos básicos.
Ante esta situación, el gobierno ha buscado el respaldo de organismos multilaterales para facilitar el acceso a financiamiento en condiciones más favorables y reducir el sobrecosto asociado al alto riesgo país. No obstante, el apoyo externo no es suficiente para superar las preocupaciones de los inversores, quienes consideran que el riesgo político seguirá presente.
La experiencia de Macri, quien logró reducir el riesgo país por debajo de los 400 puntos básicos poco después de asumir la presidencia, a pesar de contar con menos legisladores y enfrentar la oposición del kirchnerismo, demuestra que la percepción de riesgo no depende exclusivamente del historial de defaults o del clima político. Macri superó a Daniel Scioli por 2,68 puntos porcentuales en la segunda vuelta electoral, mientras que Javier Milei superó a Sergio Massa por 11,38 pp.
El gobierno actual, sin embargo, no puede limitarse a atribuir los problemas económicos a gestiones anteriores. Las administraciones son elegidas para abordar y resolver los desafíos heredados, y las expectativas generadas durante la campaña electoral de Javier Milei, que prometía una mejora inmediata de los ingresos del sector privado a través del ajuste, contrastan con la realidad actual.
La sostenibilidad del superávit fiscal, uno de los pilares de la estrategia económica del gobierno, permanece en duda. Buena parte de la reducción del gasto público se basa en la licuación de salarios de empleados públicos y jubilaciones, una medida que no garantiza la estabilidad a largo plazo. Además, los intereses de las Letras del Tesoro Capitalizables (Lecap) no se computan en los resultados fiscales actuales, lo que implica un déficit futuro.
Existen otros factores que cuestionan la durabilidad del equilibrio fiscal mostrado. El diferimiento de pagos explica en parte la aparición del superávit, pero su sostenibilidad es incierta. En 2024, la deuda flotante alcanzó los USD 2.100 millones; en 2025, USD 2.500 millones; y en el primer trimestre de 2026, ascendió a USD 3.300 millones, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
En el plano cambiario, persisten restricciones para las empresas en lo referido al giro de utilidades y dividendos. Si bien el Gobierno había prometido la libre transferencia de utilidades generadas en 2025 a partir de 2026, se dispuso que los bancos sólo podrán remitir al exterior el 60 % de sus utilidades, en tres cuotas.
Según el índice de tipo de cambio real del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el tipo de cambio bilateral con el dólar se mantiene en el mismo nivel que al inicio del mandato de Milei, y el índice multilateral está 2,7% por encima del valor recibido de la administración de Sergio Massa.
A pesar del endeudamiento externo de empresas y provincias, las trabas cambiarias, como el cepo al stock de utilidades, las limitaciones a operaciones cruzadas y la obligación de liquidar en el país las divisas provenientes de exportaciones, persisten. Este conjunto de intervenciones sugiere que el tipo de cambio presenta un atraso derivado de la política oficial.
El debate fundamental trasciende los cálculos contables y se centra en la sostenibilidad del equilibrio fiscal. Si bien el equilibrio fiscal es una condición necesaria para estabilizar la economía nacional, no es suficiente. La clave reside en cómo se obtiene ese equilibrio y si puede perdurar sin medidas transitorias.
La historia argentina demuestra que ajustes fiscales aparentemente sólidos pueden diluirse ante cambios en las condiciones macroeconómicas. Un superávit fiscal sostenible requiere reformas estructurales que disminuyan el tamaño y la rigidez del gasto público, mejoren la eficiencia estatal y estimulen la inversión privada. Sin estos cambios, existe el riesgo de que el equilibrio logrado sea efímero.
La pregunta clave es si el superávit puede mantenerse cuando la inflación deje de licuar los gastos públicos por sí sola. Esta interrogante se agudiza al observar que la recaudación impositiva ha crecido por debajo de la inflación durante ocho meses consecutivos, lo que implica que los ingresos se reducen en mayor proporción que los gastos.
