Una madre de familia en Cuenca se vio obligada a pagar 50 dólares al personal de una ambulancia del Ministerio de Salud para que trasladara a su hijo de dos años a Quito, donde requiere tratamiento urgente por deficiencia renal. La denuncia, realizada por el colectivo Violín Rojo a través de Facebook, expone que la madre fue informada que el traslado dependía del pago del combustible, amenazando la oportunidad de recibir hemodiálisis.
Pablo Ponce, director de Violín Rojo, explicó que la mujer, ante el temor de perder el tratamiento vital para su hijo, entregó el dinero proveniente de donaciones recibidas por el colectivo. A pesar de una promesa inicial de la gerencia del Hospital Vicente Corral Moscoso de cubrir los gastos con fondos de caja chica, esta promesa no se cumplió. Tras la denuncia, la gerente del hospital realizó una transferencia bancaria el 20 de abril a la cuenta del director de Violín Rojo para reembolsar el pago.
Xavier Bermúdez, gobernador del Azuaya, calificó la solicitud de dinero a cambio de un servicio público como inaceptable y solicitó un informe detallado sobre el incidente, sugiriendo una posible intención de desacreditar al Gobierno Nacional. Por su parte, el Hospital Vicente Corral Moscoso emitió un comunicado negando que el traslado estuviera condicionado al pago, atribuyendo el incidente a un mal procedimiento por parte de una funcionaria.
Johana Alvarado, gerente del hospital, aseguró que las ambulancias cuentan con combustible pagado y anunció acciones administrativas por falta disciplinaria debido a la presunta falta de coordinación del personal de turno. La funcionaria involucrada no siguió el proceso adecuado, según la gerente. El caso ha generado preocupación sobre la accesibilidad a servicios de salud de emergencia y la necesidad de garantizar que los pacientes no enfrenten barreras económicas para recibir atención médica oportuna.
Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
