La Superintendencia de la Economía Solidaria confirmó el avance en la entrega de la EPS Coosalud a su propietaria original, la cooperativa Coosalud, tras la suspensión de la intervención gubernamental. La entidad aseguró que acompaña el proceso como garante, vigilando el patrimonio de la cooperativa y la continuidad en la prestación del servicio a millones de usuarios.
Simultáneamente, la Supersalud radicó una solicitud formal ante el Tribunal Administrativo de Bolívar para que aclare los términos del auto que ordenó la suspensión de la intervención, especialmente en lo referente a los plazos de entrega y la designación del representante legal y su suplente. La superintendente María José Navarro enfatizó que no existe certificación ante la Cámara de Comercio ni documento de la asamblea de accionistas que legitime reclamaciones de terceros, refiriéndose específicamente a las realizadas por apoderados del señor Jaime González.
Desde la notificación de la decisión judicial, el agente interventor ha implementado medidas de vigilancia sobre la cooperativa, ejerciendo sus funciones. La hoja de ruta contempla la convocatoria a una Asamblea General de Accionistas, donde la cooperativa, como accionista mayoritaria, tendrá un rol crucial en la elección de una nueva Junta Directiva. Este paso es fundamental para reconstruir la gobernanza corporativa de la EPS.
La prioridad, según la Supersolidaria, es garantizar la continuidad del servicio y proteger el derecho a la salud de los afiliados. La finalización de la intervención de Coosalud marca un nuevo momento en la disputa por el control, la gobernanza y la estabilidad de una de las EPS más importantes del país. Se espera ahora una definición judicial y la demostración de la capacidad institucional para evitar incertidumbre entre los usuarios durante la transición.
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