El Salvador inició este lunes 20 de abril de 2026 un juicio sin precedentes contra 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo fundadores y líderes de la organización criminal. La Fiscalía General acusa a los imputados de la comisión de 47.000 delitos entre 2012 y 2022, entre los que destacan 29.000 homicidios, y de haber ordenado el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana de marzo de 2022, evento que desencadenó la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.
El juicio, calificado por la Fiscalía como un intento de saldar una deuda histórica , se lleva a cabo en un Centro Judicial de El Salvador y representa la primera vez que se juzga de manera masiva a la estructura de mando de una pandilla. Según las autoridades, los acusados buscaban establecer un estado paralelo dentro del país, controlando el 80% del territorio nacional y atentando contra la soberanía salvadoreña.
Un fiscal, cuya identidad fue protegida, reveló a la prensa que los 486 acusados enfrentan cargos por múltiples delitos cometidos a lo largo de once años. La Fiscalía ha presentado abundantes pruebas para solicitar las penas máximas, incluyendo la cadena perpetua, recientemente aprobada para homicidas, violadores y considerados terroristas bajo la nueva legislación.
Entre los acusados se encuentran miembros de la ranfla , la máxima jerarquía de la MS-13, cabecillas zonales y fundadores de la pandilla. El juicio se desarrolla en un contexto de estado de excepción declarado por Bukele, que ha resultado en la detención de más de 91.000 personas.
Las pandillas MS-13 y Barrio 18, consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y El Salvador, han aterrorizado al país durante más de tres décadas, dedicándose a actividades ilícitas como la extorsión, el narcomenudeo, el sicariato y el tráfico de armas. Bukele afirma que estas pandillas han asesinado a unas 200.000 personas en tres décadas, incluyendo a 80.000 desaparecidos.
La instalación de la audiencia única abierta contó con la participación de un juzgador no identificado, quien enfatizó que los acusados perturbaron la paz y la seguridad del Estado durante décadas y serán juzgados con todo el peso de la ley . El juzgador destacó que los crímenes no fueron actos aislados, sino órdenes emanadas de una estructura criminal sin respeto por la ley.
El juicio se lleva a cabo tanto de forma presencial como virtual. De los 486 acusados, 413 comparecen virtualmente, mientras que 73 se encuentran prófugos y serán juzgados en ausencia. Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno de Bukele para albergar a pandilleros, y el resto en otros penales de alta seguridad.
La Fiscalía no ha precisado una fecha para la conclusión del juicio, pero ha manifestado su intención de agilizar el proceso. El caso ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal, quienes denuncian el riesgo de condenas injustas debido a la falta de individualización de la responsabilidad penal y la eliminación de la audiencia de valoración de pruebas, reformas legales implementadas en el marco del estado de excepción.
Estas organizaciones argumentan que los juicios masivos pueden llevar a la condena de inocentes y violan los principios del debido proceso. Además, han denunciado más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos arbitrarios bajo el estado de excepción, que permite la detención sin orden judicial.
A pesar de las críticas, Bukele goza de popularidad en El Salvador por su política de mano dura contra las pandillas, que ha logrado reducir significativamente los índices de criminalidad. Sin embargo, las denuncias de violaciones a los derechos humanos plantean serias preocupaciones sobre el respeto al estado de derecho y la garantía de un juicio justo para todos los acusados.
Las pandillas MS-13 y Barrio 18, originarias de las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a principios de la década de 1990, se han convertido en una amenaza para la seguridad y la estabilidad de El Salvador durante más de tres décadas. Su control territorial y su capacidad para cometer actos de violencia han sumido al país en una espiral de inseguridad y miedo.
El juicio masivo contra los líderes de la MS-13 representa un intento audaz del gobierno de Bukele por desmantelar las estructuras criminales y restaurar el orden en el país. Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad de las autoridades para garantizar un juicio justo y transparente, respetando los derechos humanos de todos los acusados.
