El Gobierno pone en marcha el Plan Extraordinario de Regulación Migratoria, una medida largamente esperada por organizaciones del sector y que podría beneficiar a cerca de 500.000 personas que ya residen en España. Aprobado el 14 de abril de 2026, este plan representa la primera oportunidad de regularización a gran escala en dos décadas, respondiendo a una demanda social creciente y buscando integrar a un colectivo que, hasta ahora, vivía en una situación administrativa precaria.
Judith García, responsable del eje jurídico de Accem, una organización española sin ánimo de lucro especializada en la atención a migrantes, ha valorado positivamente la iniciativa, destacando el esfuerzo del Gobierno por comunicar de manera clara los detalles y beneficios del proceso a la ciudadanía. Yo creo que sí se está haciendo un esfuerzo por que el común de la ciudadanía entienda lo que es este proceso de regularización, lo que implica, a quién afecta y los beneficios que trae , afirmó García en declaraciones a El Faro de Mara Torres.
Uno de los aspectos que ha generado mayor debate público es la posible relación entre la regularización y la seguridad ciudadana, con temores infundados sobre un aumento de la delincuencia. Al respecto, la representante de Accem fue contundente: A nivel social también va a tener un impacto positivo. Son personas que están aquí con nosotros, con las que ya convivimos. Chocan, a veces, los comentarios sobre un aumento de la delincuencia. Si ya están aquí no hay ningún riesgo, no es un efecto llamada, son personas que ya viven con nosotras .
El plan extraordinario de regularización se dirige a dos grupos principales de personas. En primer lugar, aquellos que hayan solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026 y opten por solicitar un permiso de residencia y trabajo. En segundo lugar, se incluye a quienes lleven al menos cinco meses residiendo en España y se encuentren en una situación de vulnerabilidad, ya sea por motivos económicos, sociales o de salud, y puedan acreditar haber trabajado o tener una oferta de empleo formal. Esta última condición también se extiende a los miembros de sus familias, como hijos menores de edad, mayores dependientes o convivientes.
García enfatizó que la regularización no implica la obtención automática de la nacionalidad española, sino el acceso a una residencia legal y a un permiso de trabajo. El acceder a la residencia legal y obtener un permiso de trabajo implica un cambio de vida para estas personas. Pasan de ser prácticamente invisibles a nivel administrativo a tener la posibilidad de vivir legalmente, evitar abusos, por ejemplo, con un permiso de trabajo que les habilita para trabajar legalmente con todos sus derechos , explicó.
Además de los derechos laborales y la protección frente a la explotación, la regularización conlleva una serie de obligaciones, como el cumplimiento de las responsabilidades fiscales y la cotización a la Seguridad Social. De esta manera, se busca una integración plena de estas personas en la sociedad española, tanto en términos de derechos como de deberes.
Otro aspecto relevante que destacó la representante de Accem es el impacto positivo que tendrá la regularización en el acceso a la formación profesional. Muchos títulos universitarios y otros certificados educativos obtenidos en el extranjero no son reconocidos en España en situación irregular, lo que limita las oportunidades laborales de estas personas. Tras la regularización, podrán acceder a cursos de formación y homologar sus títulos, lo que les permitirá optar a puestos de trabajo más especializados y mejor remunerados.
Un dato que a menudo se pasa por alto es que muchas de las personas que se encuentran en situación irregular en España llegaron al país de manera legal, por ejemplo, como estudiantes o turistas. Sin embargo, debido a diversas dificultades administrativas, como la denegación de permisos de residencia o trabajo, terminaron quedándose en una situación irregular. Puede ser que una persona venga a estudiar, termine su su formación y quiera emprender una vida en España y poder trabajar. Muchas veces, ese paso que implica permisos de residencia, de estudios, de estancia, y trabajo se dificultan y caen en situación irregular, pero han pasado por un control fronterizo en el que han sido perfectamente chequeadas en todos los niveles, incluyendo los de seguridad , aclaró García.
En definitiva, el Plan Extraordinario de Regulación Migratoria representa una oportunidad para dar respuesta a una situación que afecta a miles de personas que ya forman parte de la sociedad española. Se espera que esta medida contribuya a mejorar su calidad de vida, a fomentar su integración y a fortalecer el tejido social y económico del país. La implementación efectiva del plan y la lucha contra la desinformación serán clave para garantizar su éxito y para evitar que se reproduzcan los temores infundados que han acompañado a otras iniciativas similares en el pasado. La regularización, según Accem, no es solo una cuestión de derechos, sino también de justicia social y de reconocimiento de la dignidad humana.
