Habitantes de la comunidad El Icacal, en el distrito de Intipucá, municipio de La Unión Sur, denuncian una acelerada erosión costera que afecta sus medios de vida y aumenta la salinidad de la zona, agravada por el aumento del nivel del mar. La situación se complica por una disputa territorial con la empresa Desarrollo del Pacífico.
Zaqueo Hernández, vocero del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), seccional El Icacal, afirma que la erosión se intensificó desde que la empresa reclamó la propiedad de las tierras. El mar reclama la playa desde que inició el conflicto por la tierra , declaró, señalando que la línea de costa ha retrocedido significativamente, derribando casas y demostrando que ningún ser humano puede afirmar que esta tierra le pertenece .
MILPA visibiliza la problemática, argumentando que el verdadero propietario es el mar, especialmente desde que Desarrollo del Pacífico se atribuyó la propiedad legal de los terrenos, los cuales, según la comunidad, son un banco de arena. La zona es atractiva para empresas turísticas debido a sus playas planas, oleaje tranquilo, manglares y laguna.
La comunidad también expresa preocupación por los impactos climáticos acumulados en los últimos años. En tan solo un mes, el mar ha sobrepasado los límites que antes parecían estables; en lugar de retroceder, continúa avanzando sobre la isla , advierten. La erosión se ha intensificado desde que los grupos empresariales se atribuyeron la propiedad del lugar, sumándose al impacto del calentamiento global.
Las pérdidas en la pesca artesanal son evidentes, con la disminución del camarón que antes desovaba en la bahía. Además, se observa una grave deforestación del manglar y del bosque, agravada por el aumento de la salinidad en el agua. La problemática afecta a 85 familias y lleva aproximadamente tres años impactando de manera continua a la comunidad.
Los habitantes exigen que las instituciones del Estado, el Gobierno y las organizaciones ambientales dialoguen con ellos. A pesar de haber intentado trasladar la situación al Gobierno central y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), denuncian que su conocimiento ha sido desestimado. Somos 85 familias afectadas por la degradación ambiental y el despojo de tierras. Resulta injusto que personas externas pretendan imponernos decisiones sin escuchar nuestras voces. Nosotros hemos vivido aquí toda la vida y conocemos cómo ha evolucionado este problema, año tras año , lamentan.
La comunidad denuncia haber sido víctima de racismo ambiental , incluso por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Esperan que se detenga la situación y se tomen medidas urgentes.
MILPA reitera que la comunidad enfrenta una creciente presión territorial desde el 12 de julio de 2023, cuando Desarrollo Turísticos del Pacífico colocó rótulos adjudicándose terrenos ocupados históricamente por los habitantes de la isla y otras áreas bajo tutela estatal. Este hecho, según la organización, marcó el inicio de una serie de acontecimientos que incluyeron el retiro de programas sociales y ambientales, así como el aumento de la presencia de cuerpos de seguridad en la zona.
Entre los programas suspendidos figura el proyecto Recuperación y Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del Área Protegida del Golfo de Fonseca , impulsado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) bajo coordinación del MARN. Este programa contemplaba acciones para la conservación del manglar y el fortalecimiento de la pesca artesanal sostenible, además de generar empleo técnico para habitantes de la comunidad.
La suspensión del programa en agosto de 2024 coincidió con el aumento de los conflictos territoriales, afectando directamente la conservación ambiental de la isla y debilitando los medios de vida de las familias locales.
MILPA advierte que la continuidad de estas acciones podría provocar la desaparición progresiva de la playa El Icacal y el desplazamiento definitivo de la comunidad. La combinación de impactos climáticos, presión empresarial y ausencia de políticas públicas representa una amenaza directa a la permanencia de las familias en la zona costera. La organización sostiene que la situación exige una intervención urgente para proteger el ecosistema y los derechos de la comunidad.
