Madrid, 21 de abril Amnistía Internacional (AI) ha publicado su balance anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, destacando que pocos países se atrevieron a denunciar el estruendo de los cañones que silencia la diplomacia durante el año 2025. España figura entre esas naciones que sistemáticamente denunciaron el desmantelamiento de las salvaguardias normativas internacionales.
El informe de AI alerta sobre la comisión de gran cantidad de crímenes de derecho internacional en 2025, señalando específicamente el genocidio en Gaza como un ejemplo alarmante. Si bien el activismo y la presión judicial lograron que algunos Estados restringieran o prohibieran las exportaciones de armas a Israel, la organización denuncia que las transferencias irresponsables de armamentos continuaron alimentando las atrocidades.
En este contexto, Amnistía Internacional recuerda que España ya había tomado medidas previas a 2025 para reducir el suministro de armas a Israel, aunque inicialmente se limitaron a no conceder nuevas licencias de exportación, manteniendo activas las existentes. Sin embargo, el año pasado se produjo un avance significativo con la aprobación por ley de un embargo integral de armas a Israel. Esta decisión posiciona a España como un actor clave en la presión internacional para evitar la proliferación de armamento en zonas de conflicto.
El informe también dedica una sección a la situación de los derechos humanos en España, expresando su preocupación por la falta de protección adecuada a los menores migrantes no acompañados. AI lamenta que, a finales de 2025, solo 408 niños solicitantes de asilo hubieran sido trasladados desde Canarias a dispositivos estatales en la península, a pesar de la orden del Tribunal Supremo que instaba al Ejecutivo a hacerse cargo de ellos. Esta lentitud en la respuesta del gobierno ha dejado a muchos menores en una situación de vulnerabilidad extrema.
Otro punto crítico señalado por Amnistía Internacional es el estallido de violencia xenófoba ocurrido en Torrepacheco (Murcia) durante el verano pasado. Tras una agresión a un vecino de 68 años, grupos antiderechos organizaron cacerías de inmigrantes contra personas racializadas , exacerbadas por la difusión de contenidos racistas en Internet. AI condena enérgicamente estos actos de violencia y la incitación al odio, instando a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables.
El informe también denuncia la persistencia de miles de desahucios en España, en su mayoría motivados por razones económicas, y critica la falta de derogación de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza . Amnistía Internacional considera que esta ley restringe de manera desproporcionada el derecho de reunión pacífica y facilita el uso excesivo de la fuerza contra las protestas, como las manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino, que incluso llevaron a la suspensión de una etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid.
Además, la organización advierte sobre el incumplimiento de ciertos compromisos por parte del gobierno de la Comunidad Valenciana y el gobierno central en materia de prevención y gestión del riesgo de inundaciones, tras la devastadora dana que asoló la provincia valenciana el 29 de octubre de 2024, causando la muerte de 229 personas. AI subraya la necesidad de invertir en medidas preventivas y mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones para evitar futuras tragedias.
La violencia de género sigue siendo una preocupación central para Amnistía Internacional, que recuerda que 46 mujeres fueron asesinadas a manos de sus exparejas en 2025. El informe alerta sobre las deficiencias de muchos de los centros de crisis habilitados para prestar ayuda a las víctimas de la violencia sexual, señalando que no funcionaban las 24 horas y tampoco ofrecían apoyo integral ni garantizaban acceso efectivo a todas las mujeres que lo necesitaban.
Finalmente, Amnistía Internacional denuncia que existe una causa pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a la negativa de la justicia española a investigar denuncias de tortura cometida durante el régimen franquista. La organización insta a las autoridades españolas a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la represión franquista. El informe de AI sirve como un recordatorio contundente de los desafíos que aún persisten en la protección de los derechos humanos a nivel global y nacional, y subraya la importancia de la vigilancia y la acción continua para garantizar el respeto a la dignidad humana.
