El Cabildo Popular por el Agua de Cuenca y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay han hecho pública una carta abierta en la que denuncian una marcada discrepancia entre las declaraciones oficiales y la realidad del sector eléctrico en Ecuador. Las organizaciones advierten sobre un déficit energético que, según sus cálculos, bordea los mil megawatts, a pesar de los discursos gubernamentales que hablan de control y eficiencia.
La carta, que ha circulado ampliamente en redes sociales, critica la adopción de soluciones temporales como el alquiler de barcazas termoeléctricas, calificándolas de costosas y carentes de una solución estructural al problema. Las organizaciones argumentan que estas medidas solo representan un parche a una situación que requiere una inversión y planificación a largo plazo.
Además, el documento señala la existencia de contratos fallidos con empresas internacionales, específicamente Austral y Progen, a las que acusan de haber comprometido recursos públicos sin generar la energía prometida. Esta situación, según denuncian, ha contribuido a los cortes de energía que se están experimentando en diversas ciudades del país.
La preocupación de estas organizaciones no se limita únicamente al ámbito energético. También expresan su inquietud por los graves problemas ambientales que afectan a Ecuador, incluyendo la contaminación minera y petrolera en varias regiones. Hacen referencia a los derrames de petróleo en Esmeraldas y a la afectación de ríos y comunidades por estas actividades contaminantes.
En este contexto, el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay exigen que se lleve a juicio político a los funcionarios responsables de esta situación. Su crítica se centra especialmente en la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, a quien el presidente Daniel Noboa ha anunciado que relevará de su cargo el 30 de abril.
Lauro Sigcha, dirigente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, fue contundente al expresar su rechazo a la gestión de la ministra Manzano. Una ministra que realmente ha fallado, ha ofendido a los cuencanos y por eso el día de hoy decimos que debe renunciar. Aunque sabemos que ya está preparando su viaje ( ) pero no debe irse así, premiada , declaró Sigcha durante una rueda de prensa.
La exigencia de renuncia de la ministra Manzano se suma a la creciente presión social contra el gobierno de Daniel Noboa en relación con la gestión de los recursos naturales y la crisis energética. Las organizaciones indígenas y campesinas han advertido que no permitirán que la ministra se retire sin rendir cuentas por sus acciones.
Por su parte, el presidente Noboa no ha revelado quién reemplazará a Inés Manzano ni si será designada para ocupar otro cargo público. Esta falta de transparencia ha generado aún más incertidumbre y desconfianza entre la población.
Además de la crisis energética y los problemas ambientales, las organizaciones también han expresado su preocupación por el riesgo de apertura de nuevos proyectos mineros en el país. Lauro Sigcha anunció que se están preparando acciones de protesta para defender los recursos naturales y los derechos de las comunidades afectadas.
La situación actual plantea serios desafíos para el gobierno de Daniel Noboa, que se enfrenta a una creciente oposición social y a una crisis energética que amenaza la estabilidad del país. La demanda de juicio político a la ministra Manzano y la advertencia de nuevas protestas son señales de que la tensión social está en aumento y que el gobierno deberá tomar medidas urgentes para abordar los problemas que aquejan a la población.
La carta abierta de las organizaciones indígenas y campesinas es un llamado de atención sobre la necesidad de una gestión más transparente y responsable de los recursos naturales y energéticos del país. También es un recordatorio de que la participación ciudadana y el diálogo social son fundamentales para encontrar soluciones sostenibles a los problemas que enfrenta Ecuador.
La crisis energética, la contaminación ambiental y la falta de transparencia en la gestión pública son temas que preocupan a la población y que exigen una respuesta urgente por parte del gobierno. La presión social está en aumento y el gobierno deberá demostrar su capacidad para escuchar las demandas de la ciudadanía y tomar medidas que beneficien a todos los ecuatorianos.
