DECRETO 10: Gobierno revisará norma que regula apps de transporte tras fuertes críticas

El gobierno panameño anunció la revisión del Decreto Ejecutivo No. 10, que regula las plataformas tecnológicas de transporte, tras una ola de críticas de conductores, empresarios y usuarios. La medida, inicialmente presentada como una iniciativa técnica para ordenar el sector, ha generado una fuerte controversia por la exigencia de certificados de operación y la obligatoriedad de contar con el aval de una prestataria, lo que ha levantado sospechas de favorecer a actores tradicionales del transporte.

El presidente José Raúl Mulino, quien firmó el decreto, manifestó su disposición a mejorar la norma para garantizar la seguridad del servicio y evitar perjudicar a nadie. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio , afirmó el mandatario en un intento por calmar las aguas.

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, defendió el alcance de la iniciativa, argumentando que busca poner orden en un mercado que ha crecido sin controles claros en los últimos años. Brea insistió en que el decreto está sustentado en un proceso técnico previo y que su objetivo central es corregir distorsiones sin afectar el modelo de negocio de las plataformas.

Sin embargo, la normativa ha sido duramente criticada por considerarse un atentado contra la libertad, una barrera para la innovación y un retroceso en la competencia. Opositores argumentan que el decreto nivela hacia abajo el servicio, aumenta la burocracia y perjudica al usuario, especialmente al turista.

Uno de los principales puntos de controversia es la exigencia de un certificado de operación para los conductores, lo que implica su incorporación formal al esquema regulado del transporte público. A esto se suma la necesidad de estar respaldado por una organización de transporte autorizada en la zona donde operará. Los críticos temen que esta disposición replique las dinámicas del modelo tradicional, donde las prestatarias han tenido un rol dominante y han generado controversias por la carga económica que asumen los conductores para acceder a un certificado de operación.

De acuerdo con información revelada a raíz de un hábeas data concedido por la Corte Suprema de Justicia en 2020, existen más de 80 mil certificados de operación repartidos entre diferentes tipos de transporte, aglutinados en unas 1,200 empresas o prestatarias. El acceso a estos certificados, que son otorgados gratuitamente por la ATTT, se ha convertido en un negocio lucrativo, con precios que oscilan entre los $1,000 y $70,000, dependiendo de la provincia.

Diputados como Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, y Neftalí Zamora, de Vamos, han cuestionado el decreto, señalando que podría beneficiar económicamente a las prestatarias. Cedeño afirmó que el decreto es para darle billete grueso a la prestataria , mientras que Zamora lo calificó como un negocio para las prestatarias del transporte .

La nueva normativa también establece condiciones técnicas y de calidad para los vehículos, como mantener buenas condiciones físicas y mecánicas, contar con aire acondicionado y cinturones de seguridad, y no superar los siete años de antig edad. Además, exige que los vehículos porten identificación visible, incluyendo calcomanías de la plataforma y la prestataria, así como una placa oficial con nomenclatura TL , y que mantengan pólizas de seguro vigentes que cubran tanto a pasajeros como a terceros.

Brea rechazó que el decreto esté dirigido contra las plataformas digitales, aclarando que la ley no va contra ellas, sino que busca ajustar el transporte a lo que está establecido en la ley. Comparó la situación con la apertura de un negocio sin permisos, destacando la necesidad de reglas claras para todos los actores.

El funcionario de la ATTT enfatizó que las certificaciones son para el control del propio usuario, para que sepa a quién llamar en caso de queja, y reiteró que la decisión final recae en el Ejecutivo. Alertó sobre una saturación del mercado que, según explicó, ha reducido los ingresos de los conductores y ha generado riesgos operativos, señalando que existen más de 18 plataformas ilegales operando sin control.

El debate sobre el Decreto 10 pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de regular un sector en crecimiento y la importancia de fomentar la innovación y la competencia. La revisión anunciada por el gobierno se espera que aborde las preocupaciones planteadas por los diferentes actores y busque un equilibrio que garantice la seguridad del servicio, la protección de los usuarios y el desarrollo sostenible del transporte por aplicaciones en Panamá. La ATTT insiste en que su objetivo es poner orden y evitar una expansión descontrolada del sector, pero la controversia persiste sobre si la forma de lograrlo no resultará en un retroceso para la modernización del transporte público en el país.